El Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción, Alejandro Vera Noyola, confirmó que de 100 carpetas de investigación, al menos 55 servidores públicos, ya se encuentran procesados por supuestos casos de corrupción (peculado), aunque será un juez quien determine el grado de responsabilidad y la sanción que les corresponde.
El funcionario expuso que “del 21 de agosto del 2018 a la fecha tenemos 300 denuncias que han generado al menos 100 carpetas que se están investigando en la Fiscalía Anticorrupción. Además, se está procesando todo lo que llega, aunque en algunos casos podrían, no haber elementos y entonces se tendrá que resolver en este sentido, y donde existan elementos se estará procesando en base a la ley”, agregó.
Aclaro que de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Ley Anticorrupción, ahora se están recibiendo algunos casos donde se vincula a particulares, pues anteriormente solamente se atendían casos donde se involucraba a ex funcionarios o servidores públicos en general.
Alejandro Vera, dijo que “la reciente reforma anticorrupción, obliga que aquellos servidores públicos que estén involucrados en un supuesto caso de corrupción tendrán que acudir ante un juez, es decir que si hay elementos suficientes para que se determine que existe la posibilidad de que se haya cometido un delito se tendrá que proceder a fin de seguir fortaleciendo el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones”, acotó.
El Fiscal Especializado en Hechos de Corrupción, Alejandro Vera Noyola, reconoció que anteriormente, no había ningún caso donde los presuntos responsables pudieran acudir al menos ante un Ministerio Público o un juez. “Ahora lo que buscamos es que sea precisamente la constante, porque si hay elementos tendrán que justifícalo ante una instancia judicial para acreditar la existencia de alguna conducta ilícita”, añadió.
Reiteró que a la fecha junto con la visitaduría, tienen alrededor de 55 servidores públicos que están ante una instancia judicial e incluso algunos corresponden a servidores públicos de primer nivel es decir del Congreso del Estado y Ayuntamientos, quienes ya están compareciendo, porque ya se ejercitó la acción penal como se le denomina técnicamente y entonces, ya será un juez quien determine en primer momento con una vinculación, si es un proceso o se les dicta el auto de formal prisión, dependiendo el tipo de procedimiento que se esté llevando”, finalizó.
