«Señor, cuida a mi hijo», suplicó Miriam al escuchar disparos lejanos, pero la tragedia estaba consumada: Luis, su único hijo, moría a manos de un escuadrón policial que aterroriza a las barriadas de Venezuela.
Balazos en el tórax apagaron las vidas de Luis, Jesse, Cristian y decenas más presuntamente ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas en 2017.
La situación es tal que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exigió su «disolución» tras reunirse en junio con familiares de víctimas.
Desde 2018 la ONG de derechos humanos Cofavic, que asesora a los deudos, recibió información de 831 supuestas ejecuciones, la mayoría de hombres jóvenes, que implicarían a las FAES.
Amanecía el pasado 13 de mayo cuando un agente mató a Luis Ariza, de 21 años, en las Adjuntas, vecindario humilde de Caracas.
Un parte interno de las FAES conocido por la AFP asegura que Luis caminaba con un revólver en la mano y que, «haciendo caso omiso» a una orden de detenerse, disparó contra una comisión policial que lo abatió.
Pero familiares aseguran que, inerme, fue sacado por la fuerza de la casa donde vivía con su esposa y sus dos hijos, a quienes la policía mantuvo encerrados allí. Escucharon disparos y cuando los dejaron salir encontraron el cuerpo.
La comisión lo vinculó con un homicidio, pero el mismo parte indica que la policía no tenía registrada el arma ni requería a Luis.
«Iba bajando a trabajar y cuando escucho el disparo sentí algo en el pecho. Lo único que dije fue ‘Señor, cuida a mi hijo’», recuerda entre largos silencios Miriam, empleada bancaria de 39 años que vive en el sector.