Tanto la “vía alterna” como los desarrollos inmobiliarios que pretenden construirse en la Sierra de San Miguelito son proyectos que únicamente tratan de favorecer a las clases altas sin tomar en cuenta las afectaciones ambientales y sus consecuencias, afirmó el asesor jurídico del Frente Amplio Opositor (FAO), Carlos Covarrubias Rendón, quien aseguró que la ilegalidad en la que pretenden caer tanto empresarios como autoridades puede ser fácilmente demostrada.
Carlos Covarrubias señaló que existen resoluciones y dictámenes muy importantes respecto a este proceso desarrollista, e insistió que continuaran trabajando a fin de impedirlos pues la Sierra de San Miguelito, así como la biodiversidad que en ella se alberga, debe de ser protegida a toda costa, y enfatizó que ante las actividades que pretende llevar a cabo el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), se impulsará una oposición jurídica y social en contra de lo que piensan actualizar y modificar en favor de los intereses empresariales, obligándolos a que respeten la ley, precisando que esta misma no permite estos procesos en que los intereses económicos y políticos se vinculan a los grupos fácticos perjudicando el ambiente y afectando directamente nuestros derechos que como ciudadanos tenemos a un mejor futuro.
Por último, refirió que por parte del Registro Agrario Nacional se emitió un pronunciamiento que aclara que los tramites que tengan como objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios que determinen cambiar el destino de las tierras de uso común a áreas parceladas, requerirán de un dictamen de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la que no cuentan los empresarios.