Continúan las denuncias anónimas de trabajadores de la Universidad Intercultural contra los malos manejos de la rectora Aurora Orduña Correa y su equipo de trabajo, puesto que revelaron que carecen de seguridad laboral y prestaciones.
Expusieron que a 8 años que al frente de la Universidad Intercultural, Orduña Correa, no ha velado por los derechos de los trabajadores, por eso no cuentan con seguridad laboral, ni ningún tipo de representación, no existen las plazas base en la institución generando incertidumbre debido a que se está violando lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.
“Pero lo más grave es lo siguiente: somos cerca de 180 trabajadores administrativos los cuales se nos prometió desde que entró la rectora hace ya 8 años, aumentar nuestros salarios e igualarlos con los de las demás universidades públicas, siendo hasta ahora una completa mentira. Nos tiene ganando un miserable y raquítico salario que va de entre los 4 mil a 7 mil pesos mensuales a personal administrativo que aun contando con nivel académico de licenciatura o maestría se entra dentro de este rango salarial”, denunciaron.
Los inconformes cuestionaron a la rectora si sobreviviría con apenas 4 mil pesos mensuales, cuando ella de acuerdo a transparencia percibe 80 mil pesos al mes, lo cual consideran una injusticia.
“Nuestro salario solo nos alcanza para sobrevivir y para solventar nuestras necesidades básicas, no podemos accesar a la vivienda debido a estos bajos salarios ya que en Infonavit no alcanzamos el crédito necesario, no podemos dar buena educación a nuestros hijos y tener una buena calidad de vida porque nos limita nuestro bajo salario, que es por mucho el más bajo en las instituciones públicas a nivel superior del Estado”, reprobaron.. Manifestaron que se realiza“esta denuncia anónima ya que no podemos hacer ningún tipo de manifestación en contra de la rectora o de sus subdirectores por que inmediatamente proceden con los despidos y represalias”.
a, expuso que esta circunstancia es legítima en términos de que aquellos grupos que piden algún asunto lo hagan a través de los cauces correspondientes sin violencia ni agresiones, sobre todo sin poner en riesgo la integridad de terceras personas que ni siquiera estén involucrados en sus asuntos.
Por lo anterior, señaló que, incluso, se han acordado hacer algunas adecuaciones que se notaron el pasado miércoles, durante la sesión del Pleno, con la identificación de algunos grupos, así como también el control de acceso para no permitir objetos peligrosos o que puedan servir de proyectiles al interior del salón de plenos del Congreso del Estado.
Por lo anterior, el funcionario estatal, dijo que como parte de la responsabilidad del ejecutivo en el sentido de resguardar los edificios públicos, se mantendrá una estrecha coordinación con el Poder Legislativo a fin de establecer las medidas necesarias que permitan evitar situaciones extraordinarias que puedan poner en riesgo la integridad de las personas que acuden al recinto o en su caso de los trabajadores y diputados locales.
Hernández Delgadillo, consideró que existe la voluntad e incluso de los grupos sociales de conducirse con responsabilidad, independientemente de las acciones que se puedan tomar a manera de prevención pues aclaro que no se pretende coartar la libertad de expresión de ningún ciudadano u organizaciones sociales, siempre y cuando no se afecte el derecho de terceros.
