Después de arreglos cupulares en Palacio Nacional, el rector Enrique Graue Wiechers parece enfilarse hacia la reelección desde antes de iniciado formalmente el proceso. Su tesis es muy simple: hacer otros cuatro años lo que hizo en su primer periodo: nada.
En declaraciones en El Universal donde negoció apoyo a cambio de un concierto para el director del diario y en la revista Proceso, Graue ha dejado caer cuando menos tres afirmaciones sobre su inmovilidad:
–“Mejor tenerla tranquila” a la Universidad.
–Enfrentará la violencia en la UNAM “hasta donde sea posible”.
–Desde abril del 2016 se ha exigido la devolución del auditorio Justo Sierra (hoy Che Guevara, en manos de radicales), “no lo hemos conseguido, pero seguiré intentándolo”.
En sus primeros cuatro años del rectorado de Graue, los principales problemas de la UNAM no sólo han seguido existiendo, sino en tanto que no ha propuesto ninguna solución, esos problemas son mayores por la acumulación: inseguridad, presupuesto, carga sindical, desorden en pago a profesores, casta académica discriminatoria con maestros con enormes sueldos y prestaciones y la siempre convocada reforma estructural de sus instituciones que le dejan al rector en funciones todo el poder para decidir.
El problema de la UNAM es la reelección porque los rectores siempre apuestan a posponer soluciones para engarzar su segundo periodo. A finales de 1988 el rector Jorge Carpizo McGregor invocó su formación académica constitucionalista para rechazar su reelección por otros cuatro años. Ahí se puso en el debate esa forma reeleccionista de administrar ocho años de rectorado en dos periodos de cuatro, a sabiendas que lo que no se hizo en el primer periodo siempre ha sido imposible de realizarse en el segundo.
A ello se agrega el poder institucional del rector sobre la Junta de Gobierno que designa rectores, toda vez que cada rector tiene posibilidad de impulsar a sus propios miembros de la Junta para inducir la reelección. Lo han hecho todos los rectores, no nada más Graue.
Los primeros cuatro años de Graue han pasado sin incidir en los principales problemas de la UNAM: el manejo presupuestal, el gigantismo, la obsolescencia de muchos de sus programas de estudio, la producción en serie de egresados que no encuentran mercado de trabajo, la Ciudad Universitarios como refugio de grupos radicales y de bandas del crimen organizado, la ausencia de un sistema de seguridad funcional porque su manejo se le endosó al sindicato y el papel funcional del rector de la UNAM como operador de decisiones presidenciales que suelen afectar a las universidades del interior de la república.
De nueva cuenta se aparece el caso del Auditorio Justo Sierra de Filosofía y Letras tomado por grupos radicales no sólo para bautizarlo como Che Guevara, sino para usarlo en actividades ilegales por la relación perversa de esos grupos ideologizados con las bandas del crimen organizado que se asientan en la CU por la impunidad de la autonomía. La recuperación de ese auditorio ha sido una de las exigencias persistentes de la comunidad universitaria, pero hasta ahora ningún rector ha tenido la valentía de recuperar un espacio territorial que sirve hoy a la delincuencia política y a la delincuencia criminal.
El juego político del rector ha sido abierto: antes de iniciarse el proceso formal que señalan las reglas universitarias, Graue filtró la información de que el presidente López Obrador estaba de acuerdo con su reelección. Graue, violando la autonomía universitaria, se reunió con el presidente de la república para comentarle que iría por la reelección y el rector dijo que López Obrador sólo comentó: “me quitas un peso de encima”.
A su círculo de poder en rectoría Graue comentó que esa frase significaba el aval para sus otros cuatro años.
Ningún rector hasta ahora se ha atrevido a presentar una reforma de gobierno interno de la UNAM, pues las decisiones de designación de rector y directores es facultad exclusiva de la Junta de Gobierno como estructura lejana a consultas con la comunidad universitaria. Los miembros de la Junta son, de acuerdo con sus historiales, personas de alta calidad personal y académica, pero en realidad es la Junta la que depende del control directo de la rectoría. En este sentido, el rector reproduce los vicios del sistema presidencialista priísta vigente, careciendo de contrapesos universitarios.
Así que Graue ya tiene pactada su reelección y el proceso podría ser una pantomima que afectará a los otros dos aspirantes. A menos que…
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CNDH. Sin una propuesta de reforma de funciones, estructuras y burocracia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se enfila a una severa crisis organizacional que afectará su función de vigilar, revelar, denunciar y castigar las violaciones de garantías por parte del Estado. Hasta donde se ha visto en este casi un año de gobierno, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación carece de definiciones y no puede sustituir a la CNDH porque como organismo del Estado no puede acusar al Estado.
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