La realidad se ha encargado de recordar que la estrategia de seguridad sigue teniendo pendientes. Y que no se trata de atender casos específicos, sino que están haciendo falta ajustes generales.
Tres casos recientes revelan los pasivos de la estrategia:
1.- El magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo fue cesado de sus funciones por haberle encontrado movimientos sospechosos de efectivo que no eran compatibles con sus ingresos. Lo malo es que no se trata del caso único, sino que a lo largo de la crisis de seguridad 1984-2019 el poder judicial ha sido revelado como parte de la estructura del crimen organizado. El asunto se agrava cuando se acumulan pruebas de abogados defensores de delincuentes que mantienen relaciones de complicidad con la estructura judicial de ministerios públicos, jueces y magistrados.
2.- El cierre del penal de Topo Chico en Monterrey fue provocado por lo que todos sabían: estaba en poder del crimen organizado. Las autoridades decidieron cerrarlo y distribuir a los presos en otros penales. Pero el problema seguirá vigente: todos los penales tienen el modelo de control criminal, ante la incapacidad, impotencia, falta de recursos y personal mal pagado de los gobiernos responsables de las cárceles. Hay formas criminales –como la extorsión, por ejemplo– que se manejan desde prisiones, donde los presos pueden tener teléfonos celulares y una banda fuera de las rejas.
3.- Las matanzas civiles en antros y cantinas en municipios dominados por el crimen organizado han mostrado que las policías municipales forman parte de la delincuencia organizada. Las autoridades federales actuales tomaron cartas en el asunto desde el arranque del gobierno actual, pero carecen de recursos y sobre todo no tienen el apoyo de los gobernadores y alcaldes. En Ciudad Juárez, por ejemplo, los policías municipales protegen a los miles de picaderos o locales pequeños a los que allegan los adictos a comprar droga y a inyectarse en el mismo momento.
Hasta ahora las autoridades federales están dedicadas a poner en funcionamiento la Guardia Nacional, pero no deberían de descuidar los otros frentes. El gobierno federal debe tener algún mecanismo para obligar al poder judicial a poner formas de registro y seguimiento de controles de confianza sobre ministerios públicos, jueces, magistrados y, como se vio en el caso del ministro Eduardo Medina Mora Icaza, hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Poca efectividad tendrá la Guardia Nacional en resultados si los arrestados tienen que pasar por el sistema judicial y la estructura de penales y las policías estatales y municipales responsables de los delitos de fuero común siguen aliados a los delincuentes.
Ley de la Omertá
De acuerdo con la investigación de Hans Magnus Enzensberger en Política y Delito, la estructura conocida como cárteles viene de la llamada Nueva Camorra italiana que sustituyó a la mafia. Y tuvo su origen en lo que se conoció como la guerra de los tomates.
En Nápoles de mediados del Siglo XX hubo el registro de la llegaba de una nueva camada de narcos con formación empresarial. Ya no funcionaban los ladronzuelos, los cobradores de cuotas. Ahora serían empresarios, con planes de negocios, equipos de abogados y contadores. La guerra a balazos fue desplazada por la captura de negocios. Bajó la violencia, como era obvio. Y dos productos atrajeron la atención de los nuevos mafiosos: las naranjas y los tomates.
Ahí se dio la guerra de los tomates en dos tiempos:
Primero, el Cartel fijó precios de compra de productos abajo del precio normal. La Camorra no pudo desatar violencia porque se trataba de asuntos comerciales. El Cártel encontró la solución: controlar el mercado de compra-venta. Por lo perecedero del producto, los campesinos no podían usar a la Camorra.
Segundo, los campesinos buscaron opciones y le apostaron al cambio de producto de siembra. Sin embargo, para ello necesitaban dinero, altos volúmenes de créditos sin tener garantías de pago, además de que los bancos nunca les han otorgado créditos.
Ahí aparecieron las financieras del Cártel: otorgaban préstamos a los campesinos, pero con dos condiciones: el Cártel prestaba a cambio de cosechas garantizadas y el precio se fijaba de inmediato y siempre bajo. Los campesinos quedaron a merced del Cártel.
Se trató ya de una fase superior del crimen organizado con características especiales: ya no fue el lenguaje de las armas, quien se apoderaba de la estructura financiera tenía el poder, los campesinos carecían de organización y cuando la tuvieron en realidad no logaron ninguna fuerza para enfrentarse a los delincuentes de levita y bombín.
La fase empresarial del crimen organizado no encontró oposición en las estructuras del gobierno municipal o del Estado. Ya no mataban, ya no secuestraban, ya no sacudían la tranquilidad de los pueblos con balazos. El modelo se exportó a la mafia de Nueva York, donde se perfilaron las dos formas: la conquista de territorios por la fuerza y el control de fases productivas, como ciertos tipos de productos italianos o el manejo de sindicatos que dominan empresas.
El Cártel fue una aportación italiana al crimen organizado.
Zona Zero
· De acuerdo con el columnista Raúl Rodríguez Cortés (El Universal, 11-octubre) en CDMX existen ocho grupos anarquistas: Biblioteca Social Reconstruir, Colectivo Anarquistas ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), Centro Cultural Okupado “El Engrane”, Okupa Che, Cooperativa Café Victoria, Comparsa “Chanti Ollin”, Colectivo REDTA y Coordinador Estudiantil Anarquista (CEA).
· La elección del rector para los próximos cuatro años de nueva cuenta va a eludir la presencia en Ciudad Universitaria y en la estructura universitaria de grupos radicales, violentos, criminales, narcos y guerrilleros nacionales internacionales. Como que nadie parece tener la solución para resolver ese problema que crece día a día.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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