El Tribunal Supremo español (TS) condenó este lunes a 13 años de cárcel al ex vicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia de esa región en 2017.
Tres antiguos consejeros del gobierno autonómico catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.
La ex presidenta del Parlamento autónomo catalán Carme Forcdell fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados a 9 años de prisión, todos por un delito de sedición.
Otros tres procesados que estaban en libertad condicional fueron absueltos del delito de malversación y no irán a la cárcel.
La sentencia devuelve la cuestión catalana al centro del debate político en España, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.
El Alto Tribunal juzgó a los doce líderes soberanistas encausados entre febrero y junio pasados por la organización de un referéndum ilegal de «autodeterminación» el 1 de octubre y una declaración parlamentaria el día 27 a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional español.
La Fiscalía española los acusaba de un delito de rebelión, pero la Abogacía del Estado calificó los hechos juzgados como sedición porque considera que no existió la violencia suficiente para considerarlos rebelión.
VAN POR EX PRESIDENTE PRÓFUGO
El Tribunal Supremo decidió además dictar una nueva orden europea de detención y entrega del ex presidente catalán independentista Carles Puigdemont, huido a Bélgica y declarado en rebeldía en España.
El juez Pablo Llarena decidió cursar la petición después de que el TS condenara por sedición a nueve líderes soberanistas catalanes.
Fuentes jurídicas confirmaron que el magistrado, que instruyó la causa del proceso independentista ilegal, activó el mecanismo para solicitar de nuevo la entrega a España del ex gobernante catalán huido, a quien un tribunal regional de Alemania ya rechazó extraditar por el delito de rebelión, que no ha sido contemplado por el Supremo
Llarena retiró una euroorden anterior cuando un tribunal territorial de Alemania accedió a entregarlo en julio de 2018 para ser juzgado en España, pero solo por malversación de caudales públicos, y no por rebelión, como pedía el juez.
Puigdemont, que vive en la ciudad belga de Waterloo, y otros seis independentistas catalanes permanecen en el extranjero para evitar la acción judicial española, y sobre todos ellos pesa una orden de detención en España.
CRISIS POLÍTICA
La tentativa de secesión de Cataluña, una región de 7.5 millones de habitantes, significó la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.
Integrado por partidos que difieren en el plano político, el movimiento separatista, que controla el gobierno regional, hizo causa común en llamar a la «desobediencia civil» en caso de condena del Supremo.
La temperatura comenzó a subir en la región en septiembre, con la prisión provisional dictada a siete activistas independentistas, sospechosos de preparar explosivos y acciones violentas. En respuesta, los secesionistas aprobaron en el Parlamento regional varias mociones en desafío del Estado español.
En plena campaña hacia las legislativas, el presidente socialista Pedro Sánchez ha advertido que podría tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad, como la intervención de la autonomía catalana, ya aplicada en octubre de 2017 en virtud del artículo 155 de la Constitución.