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La mejor, ¿la que no existe?

By on 11 octubre, 2019

Mi entrada al mundo neoliberal no estuvo exenta de sobresaltos, cuestionamientos y dudas. Quizás debido a que venía yo del equipo de Alfredo del Mazo González, un hombre que en su búsqueda de la presidencia de México proponía lo que llamaba la Reconversión Industrial, algo que distaba mucho de los planteamientos neoliberales al respecto, y que se resumía en una frase lapidaria: La mejor política industrial es la que no existe.
Quizás por no tener formación profesional de economista, me tomó tiempo entender el fondo de lo que dicha frase significaba, aunque entenderlo no significó nunca aceptarlo. Aun cuando la mayoría de mis compañeros de trabajo en el área financiera y económica del gobierno de Carlos Salinas diferían de mí, jamás acepté esos planteamientos que describían los efectos negativos derivados de la participación del Estado en la economía, vía políticas públicas para favorecer el desarrollo de ciertas actividades económicas y el desempeño de las empresas, en especial las pequeñas.
Siendo director general de Nacional Financiera, y siguiendo la tradición de esa institución, sostenía y defendía que el gobierno mucho tenía que hacer para apoyar a las empresas, especialmente frente al reto que les significaba la inminente apertura comercial. Apoyar su desarrollo tecnológico, facilitar acceso al crédito de fomento mediante intermediarios no bancarios, promover las figuras de asociación e integración para lograr economías de escala, fueron, entre otras, algunas de las políticas que conformaban nuestra agenda de trabajo. Por fortuna, más allá de lo que mis compañeros y algunos miembros del Consejo Directivo pensaban, siempre tuve el apoyo incondicional del Presidente de la República.
Todos estos antecedentes explican que hoy celebre el anuncio que la Secretaría de Economía presentó este 3 de octubre sobre la nueva política industrial del Gobierno Mexicano; es decir, las líneas generales de lo que será el Programa de Fomento Industrial y Comercio Exterior. La Secretaria Graciela Márquez indicó que esta acción simbolizaba el retorno de “una política industrial activa, consensuada entre la iniciativa privada, el sector público y la academia”. El Subsecretario de Industria y Comercio, Ernesto Acevedo describió, durante el anuncio, que la política busca preparar a México para un entorno más proteccionista en Estados Unidos y Europa mediante una política industrial basada en tres ejes: innovación, inclusión y diversificación.
La nueva política gira en torno a un decálogo de acciones que propone: promover una mayor competencia; aumentar el contenido nacional en las cadenas de valor; mejora regulatoria; generar un mejor ambiente de negocios; utilizar compras de gobierno como palanca para el desarrollo de Pymes; iniciar la digitalización del sector manufacturero hacia la industria 4.0; una reforma de las normas oficiales mexicanas y generar infraestructura de calidad; iniciar una economía de la salud; aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo, e incentivar los proyectos industriales en las regiones más rezagadas del país.
Entre los efectos esperados de esta política se encuentran la reducción del rezago en el desarrollo de las regiones que no han aprovechado el libre comercio y el aumento del contenido nacional de las exportaciones de 28% a 35%. Asimismo, busca resolver el reto regulatorio que ha hecho a México caer a la posición 54 en 2019, respecto a la 49 en 2018, en el índice Doing Business, principalmente a causa de los permisos y las reglas locales para establecer negocios. Aunque aún queda pendiente la formulación de los programas que establezcan la implementación de estas metas.
Esta política expresa el deseo de integrar al sector manufacturero mexicano a la industria 4.0. Una meta ambiciosa según el concepto definido por Klaus Schwab y el Foro Económico Mundial. Esta transformación industrial plantea un mundo con manufacturas inteligentes que incorporan el internet de las cosas. Así mismo, la automatización en este escenario incorpora la inteligencia artificial de los propios robots armadores y en servicios y una infraestructura de red universal.
Los retos de adoptar esta transformación en economías emergentes como México se relacionan más con adoptar los elementos de transición que redescubrirlos. En primer lugar, depende de una red de telecomunicaciones que permita este intercambio de información. Países como China tienen planeado desplegar una red de 5G a partir de 2020. Las inversiones en investigación y desarrollo son también una política de preparación para esta revolución industrial, México gasta alrededor de 0.5% del PIB en investigación y desarrollo frente al promedio de 2.3% de los países de la OCDE y de 4.5% de Corea del Sur. Por último, la inversión en el capital humano de los trabajadores será una parte clave para esta transformación, donde los trabajadores requerirán operar en nuevos entornos y la automatización los desplazará a trabajos que requieren mayores conocimientos.
El papel del Estado en esta transformación consiste en crear las infraestructuras de red y funcionar como el regulador de estos procesos. El decálogo establece metas ambiciosas que van más allá de la mejora regulatoria, principalmente aquellos que tienen que ver con compras públicas y proyectos industriales en las zonas rezagadas. En este tema, el IMCO describe cómo el sureste no pudo conectarse con las cadenas de valor globales tras la apertura comercial, lo que creo una gran disparidad regional entre las zonas más vinculadas con el libre comercio. Pero, a pesar de que la política industrial de este sexenio tiene la intención de corregir esta desigualdad, no queda claro cómo se realizará desde el Estado.
La política industrial también es parte de un debate sobre el papel del Estado en la economía. Los economistas a los que me refería al inicio argumentaban que una política industrial dirigida por el Estado, basada en grandes subsidios al sector privado, creaba un espacio para la corrupción y también daba incentivos a las industrias para ser menos productivas. Asimismo, significaba el gasto de recursos públicos en actividades que no necesariamente estaban alineadas con la productividad de las industrias con ventaja comparativa en un país más abierto al libre comercio.
Aun cuando se imponía en lo general una visión neoliberal, también surgieron otras teorías que recomendaban desplegar incentivos económicos y regulatorios en sectores más productivos y con una colaboración basada en el conocimiento, la innovación y el capital humano. En este sentido, la política industrial no dependería de subsidios directos a la industria, sino de la formación de talento y de los clústeres entre empresas, academia y sociedad donde inician las actividades productivas.
Hoy el gobierno, de la mano del sector privado organizado propone una nueva visión de política industrial ambiciosa e integral para promover el desarrollo de sectores y empresas.
Yo lo celebro, pero coincido con Enrique Quintana en su columna “Graciela le dio al clavo” en el sentido de que, no obstante que todos estos propósitos están alineados con las prioridades globales de competitividad de México, la preocupación ahora es conocer los detalles de los “cómos” para alcanzar las metas planteadas. Ojalá pronto sepamos como todo esto se hará realidad.

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