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Seguridad y desaparición de poderes: importa más la política

By on 5 octubre, 2019

La ofensiva cruzada de Morena y PAN sobre iniciativas para desaparición de poderes en estados macados por la violencia mostró una de las peores perversiones de la política: la manipulación de intereses que sólo complican más las crisis.

El PAN anunció su iniciativa de desaparición de poderes en Veracruz por el auge de la violencia delictiva en un estado que gobernó el PAN los dos últimos años y cuya gubernatura perdió en las urnas. Y Morena respondió con iniciativas de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato –con gobernadores panistas– también por aumento de la inseguridad.

En este contexto, los intereses político-partidistas se pusieron por encima de los intereses de la sociedad víctima de la inseguridad. Y con ello se ha probado, una vez más, que la estrategia de seguridad es política y partidista y no, como debiera ser de origen, una política de Estado.

Los políticos y gobernantes suponen que la inseguridad es producto de las acciones de pillos callejeros que ven la oportunidad del delito. El problema, en realidad es complejo: abarca el origen de las bandas delictivas con la participación de fuerzas de seguridad y se puede llegar a lo que ve ahora: la sociedad como pieza clave del asentamiento territorial de la delincuencia en zonas de soberanía territorial del Estado.

Por lo demás, el proceso de desaparición de poderes requiere de un consenso de la autoridad; en el pasado fue fácil la aplicación de esa medida en tanto que los gobernantes destituidos eran del PRI y el PRI tenía el 85% del Congreso. Por tanto, el modelo de desaparición era un método de ajuste interno de cuentas en el priismo. Hoy, sin embargo, el PRI tiene la mitad de las gubernaturas y el PAN y Morena quieren destituir a dos gobernadores panistas y uno morenista.

Si los partidos se distraen con ajustes regionales de cuentas, la inseguridad seguirá creciendo. El día en que los partidos dediquen a la seguridad el esfuerzo que destinan a pelearse unos con otros, la seguridad podría ser, ahora sí, una política de Estado.

La responsabilidad de gobernadores en el aumento de la inseguridad en esas plazas no es cuestionable, pero la duda pregunta si ese dato es suficiente para destituir gobernantes. Es decir, que hace falta un diagnóstico nacional, regional, estatal y municipal del problema de la inseguridad, de su auge, de los grupos delictivos funcionando y de la incapacidad de las autoridades para ayudar a disminuir los delitos.

Y que también para la rendición de cuentas el papel que juega –o debiera jugar– la autoridad federal en la construcción articulada de fuerzas de seguridad en la república.

LEY DE LA OMERTÁ
El seguimiento analítico de la delincuencia en todas sus formas no ha sido analizado en función de su impacto no sólo en la sociedad, en sus comportamientos, en sus expectativas y en su cotidianeidad, sino que tampoco se ha revisado su efecto en el sistema político. Por lo pronto, la inseguridad ha reorganizado algunos renglones del sistema político.

En 2014 el investigador John Bailey publicó el libro Crimen e impunidad. Las trampas de la seguridad en México (editorial Debate) con el propósito de indagar “la dinámica del crimen como motor principal de la policía mexicana actual”. La tesis de Bailey se centra en lo que llama “las trampas de la seguridad”, donde las estrategias públicas no resuelven la crisis de violencia, sino que la potencian.

La investigación de Bailey demuestra que las estrategias de seguridad de Calderón y del inicio del gobierno de Peña Nieto fue la elusión del tema fundamental: no fueron políticas de Estado, es decir, no involucraron a sectores, partidos y sociedad. El otro problema fue no definir con claridad el tipo de seguridad: ¿pública, humana, ciudadana?

Y la parte central: las estrategias de seguridad han sido improvisadas y aisladas, sin tener candados para evitar que las nuevas fuerzas de seguridad actúen por su cuenta o se corrompan. Y en el peor de los casos, prefieran pulular por la periferia de la delincuencia porque no basta con tener más policías y mantener los mismos corruptos sistemas de impartición de justicia y prisiones como sucursales del delito.

Bailey señala que los politólogos no han sabido enfocar la crisis de seguridad desde la perspectiva del sistema/régimen/Estado. De qué manera el comportamiento de cárteles, bandas y delincuentes afectan el funcionamiento del sistema en su versión social primaria: las comunidades. Hoy vemos, por ejemplo, que habitantes de zonas calientes del crimen organizado aparecen como escudos humanos de los delincuentes y son la primera línea de ataque contra las fuerzas de seguridad.

La forma en que organizaciones delictivas han sustituido al Estado en zonas territoriales ha sido el último aviso: la delincuencia no sólo produce delitos, sino que compite, ocupa y suple al Estado. Bailey cita el estudio “construcción competitiva de un Estado” para mostrar que la delincuencia es una amenaza a la desarticulada democracia mexicana.

Zona Zero
-La reapertura sin sentido político del expediente de la guerrilla de los sesenta y setenta reavivó los resentimientos sociales. Los derrotados de ayer por tomar las armas contra el poder hoy quieren disculpas. Pero el asunto es más complejo: ¿existe alguna corriente política que quisiera, fuera del EZLN, revivir la viabilidad de la lucha armada contra el régimen priísta superviviente?
El “homenaje” vía medallas y disculpas a la irracional Liga Comunista 23 de Septiembre podría llevar a suponer que pronto los delincuentes muertos o arrestados van a exigirle al Estado una disculpa por el uso de la fuerza en su contra. Y existen pequeños grupos radicales asumidos como guerrillas que quisieran el espacio político para pronunciarse de nuevo.

-Sigue creciendo la delincuencia al menudeo. Y las autoridades no saben qué hacer.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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