Agregaron un delito más a nuestra Constitución en materia penal contra ciudadanos que brinden el servicio de transporte público sin el permiso dela SCT
El pasado 27 de septiembre diputados de la bancada morenista del Congreso del Estado, encabezados por la legisladora Alejandra Valdez Martínez, modificaron la Constitución Política de nuestro estado, para agregar un delito más a nuestra Constitución en materia penal contra ciudadanos que brinden el servicio de transporte público sin el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno del Estado (SCT). La pena o castigo: LA CÁRCEL.
Los argumentos y posicionamiento de los curuleros morenistas, para imponer su Ley Garrote, mostró su conducta pandilleril –porque se fueron en montón– para hacer su Santa voluntad, dañar, pisotear y golpear a potosinos inermes, a miles de trabajadores del volante que tienen como fuente de sustento; su trabajo, su rutina diaria de levantarse antes de que salga el sol y regresar hasta por la noche a su hogar, para llevar lo poco que ganan en el día y llevarle algo de comer a su familia.
Estos deleznables diputados de la “IV Degradación” llevaron a cabo una imposición arbitraria e irracional que atropella nuestra Carta Magna y el estado de Derecho. Su Ley Garrote violenta flagrantemente los derechos humanos y constitucionales, como lo es el Artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresa: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
Esta nueva Ley punitiva es una aberración a las leyes que norman la convivencia y el orden de nuestra sociedad, y resulta verdaderamente repugnante que éstos diputados de cuarta ocupen una curul, donde se debieran representar intereses de los potosinos y no afectar sus derechos más elementales, como lo es el del trabajo.
Según estos diputados están en contra de la corrupción, pero ahora con ésta ley garrote; se aumentará a proporciones gigantescas, dado que ahora los policías andarán a la caza de los choferes del transporte irregular, para andarles cobrando cuotas por dejarlos trabajar. Más fácil será andar atrapando a humildes choferes que a delincuentes.
La actividad de los choferes –la mayoría de ellos de las zonas rurales– del servicio de transporte público se mantiene en la irregularidad por culpa del gobierno del estado que no les ha otorgado sus permisos de transporte público, pese a que ellos, desde hace años, han cumplido al 100 por ciento con los requisitos y documentos que pide la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, –dependencia que norma el servicio de transporte público– para que se los entreguen. Para muestra un botón: Mis compañeros choferes antorchistas de Escalerillas, llevan 30 años dando el servicio de transporte colectivo rural en su ruta sin afectar para nada a los taxistas de la zona metropolitana, ellos, tienen sendos permisos tanto de la SCT estatal y federal para circular por su ruta desde hace décadas, sin embargo, la actual SCT estatal no reconoce dichas autorizaciones y ha inventado nuevas normas extralegales, como “elaboración de estudios de oferta y demanda” y otras “yerbas”, para autorizar su servicio. ¿A dónde van a ir los choferes sin empleo?, ¿A la cárcel?, ¿A morirse de hambre?, ¿Cómo se trasladarán los usuarios de éste tipo de transporte a sus destinos dado que en sus comunidades no existe el servicio de transporte público?
¿En que estaban pensando éstos diputadetes de la Coalición Juntos Haremos Historia, cuando crearon este espertento de Ley?, ¿En andar “mochando” el salario de sus empleados, como lo hace la diputada Alejandra Valdez?, ¿En andar acosando sexualmente a sus compañeras de bancada, como el diputado Mario Lárraga?, ¿En andar llevando a cabo auto atentados a su persona?, Etcétera, etcétera.
Considero que ésta ley punitiva la hicieron los morenistas con las patas, para satisfacer ambiciones insanas de agrupaciones de taxistas venales y oportunistas, quienes aprovecharon la bandera de su “lucha contra el pirataje” para exigir más concesiones y satisfacer sus intereses personales, y que la SCT les dará con la apertura de una nueva convocatoria para obtener concesiones para este fin de año. ¿No hubiera sido más sencillo darles sus concesiones, como siempre se ha hecho a éstos líderes charros?, ¿Para qué tanto alboroto si de todos modos ésta ley no pasará, dado que habrá infinidad de amparos y acciones de protesta por lo aberrante, injusta y absurda ley?
Lo peor sería que el estado aplicará dicha ley, afectando a miles de potosinos, sobre todo, a los más pobres y así como está nuestra sociedad, donde todo está mal con el gobierno de la IV T, con graves problemas económicos por la falta de inversión en los sectores productivos y la falta de empleo; dichas medidas punitivas contra los trabajadores del volante, sería como “echarle leña al fuego”. Sino al tiempo.