San Luis Potosí forma parte de un proyecto de oposición económica a la Cuarta Transformación junto con los gobiernos de Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, proyecto que es identificado como “Acuerdo San Miguel”, y el cual consiste en desarrollar un corredor Industrial y Tecnológico en la zona del Bajío, afirmó el asesor jurídico, Carlos Covarrubias Rendón, quien señaló que los grupos de poder económico y políticamente conservadores tratan de implementar a partir de una estrategia aparentemente económica, un eje de confrontación argumentando crear una zona económica con decisiones autónomas y con el respaldo corporativo.
Covarrubias Rendón explicó que de esta manera se piensa presionar a la federación a través de un supuesto contrapeso “político”, mismo que posteriormente se convertirá en una estrategia que sirva para organizar de forma paralela un frente electoral en la perspectiva del 2021.
Explicó Covarrubias Rendón que dentro de estas estrategias también se encuentra el hacer todo lo posible por debilitar a SEDATU, SEMARNAT y cualquier obstáculo que les permita seguir imponiendo modelos de desarrollo logístico e inmobiliario que necesariamente utilice el capital económico para recuperar el poder político, y dentro de los cuales el tema ambiental, del agua, de las áreas protegidas, y de la propiedad social, serán sometidos a sus intereses.
Por último manifestó que los mega proyectos que el capital pretende imponernos en base a los acuerdos innombrables con el gobierno municipal, son inadmisibles a la luz de una ciudad que necesita de una distribución justa del agua, una movilidad en función de prioridades diferidas por intereses logísticos, vivienda accesible y de calidad, estable y sin atropellar la propiedad social, y que por lo tanto es momento clave para el futuro de la ciudad y del Valle de San Luis Potosí.