Mediante un oficio la Procuraduría Agraria dio a conocer su determinación de iniciar acciones en contra del proyecto inmobiliario “Reserva”, informó el asesor jurídico del Frente Amplio Oposito Carlos Covarrubias Rendón, quien señaló que dicha determinación es producto de las gestiones realizadas por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, a petición de Dolores Bravo Quintero y otros comuneros de San Juan de Guadalupe.
Carlos Covarrubias indicó que por instrucciones de la Presidencia de la República se ordenó que en lo inmediato se deberán de atender las múltiples denuncias realizadas ante Andrés Manuel López Obrador, mismas que han generado una permanente atención de la ciudadanía potosina.
Destacó que en dichas instrucciones se encuentra el investigar los actos realizados por los grupos de poder económicos, así como a los titulares de la SEDATU, de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional en San Luis Potosí, con respecto al tema de tráfico de influencias y tierras en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, a fin de que la Procuraduría Agraria a nivel federal promueva la nulidad de todos los actos tendientes a la aportación de tierras en favor de la empresa inmobiliaria “Reserva”, y a los actos jurídicos que le dan sustento y origen a los contratos vinculados a las empresas “Espacios en el Horizonte”, y la inmobiliaria “Cañada del Lobo”, así como todos aquellos actos contendientes a cambiar de forma unilateral el Uso de Suelo de la superficie pretendida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Por último, subrayó que al carecer del poder económico y la capacidad de manipulación del gobierno estatal y municipal, el movimiento a favor de la conservación de la Sierra de San Miguelito cuenta con el apoyo de gobierno federal.
