Tras la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, principal involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación especial contra los funcionarios que dejaron en libertad al sospechoso.
En conferencia, reiteró que su administración trabaja para que no haya impunidad en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en 2014, por lo que los funcionarios responsables de la liberación, de quien se presume es un cabecilla del grupo criminal Guerreros Unidos, serán investigados.
“Lo de ayer que se comentó sobre la persona que se liberó, porque así lo decidió un juez, ya se está haciendo una investigación y nos informaron que ya se abrió una carpeta de investigación en contra de funcionarios públicos por parte de la FGR, por el caso de ayer”, aclaró.
Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que hace unos días el juez de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dictó una sentencia absolutoria en favor de El Gil para exonerarlo de los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Aseguró que el juez desestimó 44 pruebas en contra del sospechoso por el delito de secuestro y sólo se analizaron 162 de los 791 tomos de averiguación.
El subsecretario de la Segob lamentó esta decisión y advirtió que ésta podría sentar una base para que otros 50 detenidos por el caso Ayotzinapa queden en libertad, como ya lo hicieron 53 de los 142 sujetos que fueron detenidos.
«(La liberación de El Gil) es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada y la cual viene a fortalecer una tendencia que se había registrado con la libertad de otros detenidos”, manifestó.
AMLO pide a dependencias evitar ‘tortuguismo’ en construcción de
gasoductos
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que se trabaja para evitar el «tortuguismo» en los trámites y ayudar a que no se detengan obras.
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado en administraciones pasadas por el retraso de dependencias federales en relación a la construcción de gasoductos y si se dará alguna instrucción a dependencias federales para evitar costos adicionales por estas situaciones, el mandatario refirió que ya se trabaja en ello.
«Están trabajando en esto tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en la Secretaría de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene ya esta encomienda de ayudar para que no se detengan las obras y no nos cobren multas de acuerdo con lo que está establecido en los contratos, para que no se gaste de manera indebida por negligencia, por desatención de los servidores públicos», indicó.
López Obrador comentó que en la reciente negociación con empresas constructoras de gasoductos se realizó también la revisión de pagos anticipados que debieron hacerse al final.
El 27 de agosto, el Gobierno de México y Carso, IEnova y TC Energy, empresas constructoras de gasoductos para la CFE llegaron a un acuerdo por el cual la administración federal ahorrará 4 mil 500 millones de dólares, aseguró el presidente en el momento.
Entre los acuerdos alcanzados con las empresas se establecieron tarifas de servicio de transporte de gas transparentes «que reflejen costos reales»; tarifas fijas niveladas a través del tiempo; y acuerdos equitativos sobre casos fortuitos y de fuerza mayor.
El 28 de agosto, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que las empresas constructoras de los ductos deberán devolver a la comisión el dinero recibido por las cláusulas de fuerza mayor.
Las cláusulas de este tipo son comunes en contratos como estos y sirven para ampararse en caso de que no se acabe el contrato en la fecha acordada o que una causa de fuerza mayor inhiba o prohíba que se continúe la construcción.