El tiroteo en la cantina “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, Veracruz, ha dejas muchas preguntas:
¿Quién otorgó la licencia para vender alcohol?
¿Quiénes llevan expedientes de inteligencia de dueños de antros?
¿Quién habría abierto una carpeta de sospechas de venta droga en ese lugar?
¿Quién tiene o debe tener una indagatoria de los presuntos delincuentes que trafican con droga en antros?
¿Quién revisa a los asistentes a antros para prevenir ingresos de armas de fuego?
¿Qué parte de la seguridad municipal debiera estar capacitada para elaborar inteligencia criminal?
¿Por qué se ha frenado la capacidad de actuación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública como crisis de seguridad interior, sobre todo después del asesinato del coronel Víctor Manuel Maldonado Celis?
Hasta ahora, la estrategia nacional de seguridad pública se ha centrado en la creación de la Guardia Nacional y en la aprobación legislativa de sus principales reglas, pero sin que se haya visto un planteamiento integral del problema de la inseguridad, la violencia criminal y la impunidad de los delincuentes. Si algunos indicios se asumen en lo inmediato, las autoridades federales estarían en posibilidad de arrestar no sólo a los causantes de la tragedia en la cantina de Coatzacoalcos, sino a la banda criminal que arropó a los asesinos y de paso podría desmantelar las estructuras criminales en el sureste de la entidad.
La pasividad de las autoridades estatales y municipales y la distancia justificatoria de las federales ha permitido en toda la república la consolidación de cárteles, bandas y delincuentes al menudeo sin ninguna restricción legal. No se entiende que se sigan otorgando licencias para bares, cantinas y antros que de modo natural se convierten –por derivación de sus propietarios o por alianzas posteriores– en células criminales.
No se necesitan labores de inteligencia para saber qué grupos delincuenciales están detrás o al frente de esos antros criminales, pero es la hora en que ninguna ley federal o reglamento estatal impone limitaciones al otorgamiento de esos permisos. Y hasta ahora ninguna autoridad municipal se ha preocupado por revisar las condiciones de seguridad en esos antros como para congelar permisos, limitar actividades o tener presencia policiaca que reduzca las oportunidades a los criminales.
AHORA QUIEREN SER CARABINEROS
Todavía no se termina de consolidar la idea de una Guardia Nacional que había sido objetivo desde los tiempos juristas de mediados del Siglo XIX y que se había inclusive establecida en la Constitucion de Cádiz de 1812, y ya quieren cambiarle de giro para hacerla más parecía a los Carabineros de Italia.
El principal problema radica en el hecho de que los Carabineros italianos son parte de la fuerza armadas y su condición es militar. Y aquí se tuvieron que hacer maromas políticas, legislativas y lingüísticas para alejar cualquier sombra de duda de los legisladores sobre un cuerpo de seguridad pública con referencias militares. Salir ahora conque se quiere una Guardia tipo Carabinera con estructura militar sería regresar el debate que le seguirá restando legitimidad al nuevo cuerpo de seguridad.
Los Carabineros tienen más de 200 años de existencia y su estructura es considerada como un arma del ejército. Esta modelo de militarización le ha dado mucha mayor fuerza de operación porque el uso de técnicas militares no ha preocupado a los italianos. En México muchos sectores siguen discutiendo si los militares tienen facultades legales para intervenir en seguridad pública, a pesar de la fundamentación constitucional de la seguridad interior como ámbito de actuación de fuerzas armadas.
Durante la discusión de la creación de la Guardia se dejó claro que el nuevo cuerpo debiera ser militarizado por la protección de la seguridad interior. Si la seguridad pública son los delitos contra los ciudadanos, la seguridad interior es el espacio de defensa del Estado ante el embate en su contra de delincuentes: Es decir, los delincuentes comunes afectan a los ciudadanos y los delincuentes contra la seguridad interior quieren desplazar y sustituir al Estado.
Entre las fuerzas armadas para la seguridad nacional y la Guardia para la seguridad interior debiera existir una policía para la seguridad pública.
Abrir el debate sobre la Guardia como Carabineros a la italiana, en medio de críticas al nuevo cuerpo por el aumento en la delincuencia, afectará a la estrategia de seguridad.
Zona Zero
Políticamente el presidente de la república perdió la oportunidad de iniciar en Veracruz un nuevo modelo de relaciones federales en materia de seguridad. Al alzarle la mano al gobernador Cuitláhuac García no hizo más que politizar una crisis de seguridad. Y el mandatario estatal debió haber recibido al presidente con un expediente criminal de los delincuentes locales y peticiones concretas para retomar la iniciativa en seguridad. Los 30 civiles muertos, hasta ahora, necesitaban de una política de seguridad, no de seguridad política.
Luego del tiroteo en El Paso, Texas, otros han ocurrido sin que gobierno y sociedad tengan claro qué hacer. Sí es la disponibilidad de armas, pero habrá que darle mayor importancia al estado de ´mínimo social, racial, político y de estabilidad emocional de los causantes de los tiroteos. El presidente Trump retiró hace poco la exigencia de certificados psicológicos de los que compran armas.
Cuando menos seis estados de la república están metidos en disputas de cárteles por control de plazas: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Guanajuato. Y la Guardia Nacional no es subiente porque se requiere de indagatorias de inteligencia y mecanismos preventivos contra cárteles en guerra.
El autor es director de Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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