Seguridad y Defensa

Descontrol de armas y cantinas

El asesinato del coronel Víctor Manuel Maldonado Celis el sábado 24 en un enfrentamiento con grupos armados en el municipio de Ziracuaretiro, Michoacán, puso en el tapete del debate sobre seguridad el papel de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública para la seguridad interior.
Desde diciembre pasado, todas las fuerzas de seguridad recibieron la instrucción de evitar enfrentamientos y de no perseguir delincuentes. Sin embargo, esa instrucción dio una ventaja comparativa a las organizaciones criminales.
Los que han tenido que pagar esa nueva factura son las fuerzas armadas, sobre todo las militares. La capacidad de fuerza del ejército es muchísimo más grande que cualquier cártel, pero la ley de uso de la fuerza ha limitado su utilización. El saldo está a la vista: no sólo delincuentes, sino pobladores al servicio de las bandas delincuenciales se decidan a insultar, apedrear, atacar con palos y piedras y hasta zarandear a fuerzas armadas y de la Guardia Nacional, sin tener instrucciones para responder.
En el enfoque gubernamental puede decirse que quizá la paciencia de seguridad sea necesaria, pero lo que crea inclusive derrotismo en las fuerzas de seguridad es la falta de una más dinámica negociación con los grupos criminales. Los primeros contactos iniciados por Gobernación con la autorización superior se suspendieron ante la crítica social contra esos encuentros sin pasar antes por la aplicación de la ley a asesinos.
Las fuerzas armadas están desgastándose. Por eso ha llegado el momento de evitar a militares y marinos en patrullajes, que esa tarea la cubra la Guardia Nacional y que se deje a las fuerzas armadas para operaciones especificas.
NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, REBASADA
Todo informe presidencial tiene una construcción discursiva de auto reconocimiento a los avances y de desconocimiento de las insuficiencias. En materia de seguridad, el gobierno federal presenta siete meses de pasividad y aumento en la inseguridad, pero bajo las normas de la nueva estrategia de congelar persecuciones para trabajar sobre dos nuevas variables: la negociación de la paz con los grupos vía la rendición y un Consejo para la Construcción de la Paz.
El saldo está en las cifras: más delitos contra ciudadanos y más guerra entre cárteles por el control de plazas. Una semana antes del primero informe en Michoacán asesinaron, en una refriega en la que las fuerzas armadas no respondieron como debían porque tienen instrucciones de no hacerlo, al coronel Víctor Manuel Maldonado. El mensaje no pudo haber sido más estremecedor: un coronel es el grado más alto en el segundo nivel de jerarquías, abajo del primero que tiene los tres grados de generales.
Es decir, un alto oficial. Y ahí de poco sirven los lamentos, como sirven de poco los patrullajes de fuerzas de seguridad con órdenes de no combatir. Esta decisión está exponiendo a las fuerzas de seguridad a agresiones criminales o a ofensas de pobladores cooptados ya por los grupos criminales.
No se sabe aún si la estrategia gubernamental dará resultado, sobre todo porque no tiene la dinámica requerida. De acuerdo con afirmaciones presidenciales, la ley de amnistía para criminales y el Consejo para la Construcción de la Paz comenzarían a funcionar hasta el 2020, quizá finales del primer trimestre. Sin embargo, no pasa día en que los grupos delincuenciales hagan de las suyas y literalmente pesen por encima de fuerzas de seguridad que no pueden responder agresiones.
Por lo que se vio la semana pasada en la reacción gubernamental ante agresiones, asesinatos y rupturas sociales, la administración federal va a pagar el costo político y social que sea necesario para consolidar su estrategia. Lo malo, sin embargo, radica en el hecho de que al gobierno federal le costó demasiado empujar la nueva estrategia y la Guardia Nacional para que a la hora de su funcionamiento sea sólo de patrullaje y avistamiento.
A las expresiones de violencia del crimen organizado ha aumentado la actividad del crimen desorganizado o delincuencia al menudeo. La primera atenta contra la autoridad y los espacios del Estado; la segunda va directo contra el ciudadano: robos y agresiones en calles y vehículos. Para ambos casos se tiene a la Guardia Nacional, aunque para los delitos al menudeo no haya organización de cuerpos de movilización urgente.
Entre el aumento de la inseguridad y la delincuencia y el tiempo muerto que necesita la estrategia de seguridad, el gobierno debe de implementar algún programa de emergencia.
Zona Zero
Además de revelar la ausencia de relaciones entre los gobiernos federal y capitalino con organizaciones feministas y la falta de previsión de la policía de Ciudad de México, la violencia estallada el viernes 16 de agosto fue una evidencia de la carencia de capacitación de la policía de la capital, la más numerosa del país. Y ahora que llega criminalidad y violencia social, el gobierno local no sabe en realidad qué hacer.
El sitio web sin embargo.mx reveló el domingo la existencia de dos nuevos cárteles: Nueva Plaza y Cártel de Oaxaca. El primero se supone un desprendimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y el segundo no reja muy claro sus orígenes. Los dos se presentaron por videos en internet. Oaxaca había registrado ya la presencia del CJNG en la zona fronteriza con Veracruz y ahora aparece una nueva formación. Las dos exhiben en el video armas de alto calibre.
La aparición de estos nuevos cárteles alimentará las presiones del gobierno de Trump bajo el criterio de que México hace realmente poco por perseguir y desmantelar cárteles, todos ellos ya con oficinas y redes de distribución en los EE. UU.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh