La presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Marite Hernández Correa, informó que, luego de sostener un encuentro con el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Arturo Garza Herrera, y el fiscal Anticorrupción, Jorge Alejandro Vera Noyola, se dio a conocer que son 303 denuncias las que existen en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos de diversos niveles de gobierno a quienes se les acusas de diversas irregularidades y posibles hechos de corrupción.
“No es una simulación lo que nos mostraron las autoridades pero por, cuestiones de secrecía y del propio procedimiento, no se pueden dar a conocer nombres y evidencias porque perturbaría este proceso” precisó la diputada quien aclaró que el encuentro que se tuvo con los fiscales se realizó de manera privada, justamente, para impedir que se pudiera revelar información que perturbara los debidos procesos, mismos que deben apegarse por completo a la ley.
Puntualizó que se debe reconocer que el panorama no es nada alentador, toda vez que dar a conocer estos datos representa una responsabilidad de todos. “Nosotros, como Comisión de Vigilancia, exhortamos a las autoridades a que realmente trabajen para que exista justicia, para que la sociedad vea que realmente se está aplicando la ley”. Asimismo, recordó que, luego de que la Auditoría Superior presentara las denuncias, ahora toda a la Fiscalía realizar el trabajo correspondiente.
Al respecto, el titular de la Fiscalía General, Federico Garza, comentó que se ha ejercido acción penal en contra de 49 funcionarios públicos, mismos que se encuentran esperando la definición de su situación legal. Abundó en que, de esta cifra, 11 corresponden al Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado (ASE); 2 son del Poder Ejecutivo; 1 es del Poder Judicial; 28 son autoridades municipales; y 7 son personas particulares con intervención en hechos de corrupción relacionados con alguno de esos entes. Aclaró que los principales delitos de que se les acusa están relacionados con el peculado, ejercicio ilícito de la función pública, cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.
