El último reporte del INEGI sobre las muertes violentas en 2018 en México aporto datos estadísticos que debieran de ser analizados para concluir que la ofensiva de seguridad del presidente Calderón y la continuación en el sexenio de Peña Nieto fue un fracaso: la violencia no bajó, las muertes dolosas aumentaron y los cárteles resistieron el acoso oficial y se reorganizaron para la guerra contra el Estado.
La gráfica más importante de esa recopilación oficial radica en las evidencias de que las muertes violentas anuales en 2006 eran de 10 mil 500 y que la ofensiva gubernamental llevo esa cifra anual a casi 36 mil en 2018, un aumento de más de 260 por ciento. Sin existir un fundamento estadístico, se puede lanzar la siguiente hipótesis: de no haber decidido la ofensiva de seguridad en diciembre de 2006, las cifras anuales de muertes violentas hubieran mantenido la media anual de aproximadamente 12 mil 500 al año, contra los casi 36 mil del año pasado.
La ofensiva de seguridad del 11 de diciembre de 2006 en Michoacán fue, en función de estas cifras, un escobazo al panal de avispas del narco porque llevó a los cárteles a responder con violencia y a conquistar plazas por la vía de la violencia. La suma de cifras de muertas violentas de 1990 a 2019, veintinueve años, fue de más de 400 mil mexicanos muertos por violencia.
Pero la gráfica del INEGI prueba que las muertes violentas subieron de una media de 10 mil anuales a 267 mil en el periodo 2009-2018.
La decisión del presidente Calderón de usar a las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública en situaciones de crisis de la seguridad interior fue contraproducente, porque no se previeron la respuesta ni hubo una estrategia para controlar y administrar las repuestas del crimen organizado. Lo malo de todo es que a lo largo de doce años se tuvieron datos estadísticos del aumento anual de muertes violentas como la prueba fehaciente de que el resultado no fue la disminución de la criminalidad. A nivel estatal hubo dos casos preocupantes: de 2009 al 2018 las muertes totales en Chihuahua fueron de casi 30 mil personas, en tanto que en Guanajuato hubo un aumento sustancial de las muertes criminales, las cuales fueron de casi 7 mil en tres años.
Y ahora que a las muertes violentas en tiroteos estadunidenses indignan a los mexicanos, resulta que caso el 70 por ciento de las muertes violentas de 2009-2018 fueron por armas de fuego, y el problema se agudiza ante los datos que hablan que en México es muy difícil obtener un permiso para portación de armas, lo que concluiría que las armas asesinas en México se consiguen de contrabando o en el mercado clandestino.
A ello se agrega otro dato: los usuarios de armas criminales no tienen miedo a las autoridades ni a las leyes, porque la corrupción y los castigos considerados no alcanzan a intimidar a los delincuentes. El 67 por ciento de las muertes violentas fue por armas de fuego.
El nuevo gobierno de López Obrador frenó la ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las banas criminales, pero el ritmo de aumento de la violencia continuó su ritmo ascendente. Por lo pronto, en estos primeros siete meses de gobierno cesó la persecución de capos, pero la inercia criminal siguió su camino sin mostrar una tendencia decreciente.
Hasta ahora la estrategia de seguridad se ha centrado en la conformación y desplazamiento de la Guardia Nacional, pero sus tareas exitosas dependerán de la capacidad de presencia permanente; sin embargo, los pocos efectivos con relación a las zonas calientes de inseguridad revelan que los 150 mil Guardias previstos como límite no alcanzarán para cubrir con eficacia todo el territorio nacional.
Ahí es donde se requiere con mayor rapidez la profesionalización de los aproximadamente 315 mil policías locales que existen en estados y municipios, pero el programa está aprobado, faltan recursos para iniciar la capacitación y los gobernadores y alcaldes están más esperanzados en la Guardia que en sus propias fueras locales de seguridad, además de que poner en orden a esos efectivos policiacos requeriría de entre 6 y 8 años.
Y a ello hay que agregar otro dato pesimista: en la lógica del gobierno federal, la inseguridad es producto de la falta de crecimiento económico y de la pobreza, pero los planes gubernamentales en esos rubros no serán suficientes para aumentar el ritmo del PIB y bajar la cantidad de pobres. La meta oficial de 4% promedio anual de PIB no será posible y todo indica que el ritmo anual de PIB será de 2 a 2.5 por ciento.
Por tanto, todavía es tiempo para replantear la estrategia de seguridad y para buscar nuevas formas de recuperación de la tranquilidad social. Pero, por lo que se ve en el escenario gubernamental, no hay ningún cambio de rumbo ni ningún replanteamiento de la estrategia hasta ahora basada en el desplazamiento de la Guardia Nacional en las zonas calientes de inseguridad.
Zona Zero
Mucha crítica mexicana a las matanzas de fin de semana en los EE. UU., pero esos mismos ciudadanos guardan silencio sobre violencia criminal mexicana muy superior a la estadunidense por número de muertos. Si se revisan muchos casos anteriores, el de Tema fue el primero con rango racista y todos se rasgan las vestiduras. No es Trump sino un sistema que vive de a fabricacñon de arnas.
Luego de temores y quejas, el caso del restaurante en Plaza Artz pasó al olvido social, a pesar de que dejó ver ya una lucha por la plaza de CDMX para tráfico, consumo y asentamiento de cárteles. Lo grave fue que la policía preventiva fue rebasada y no existen ni se ven planes de profesionalización de las policías locales.
La Guardia Nacional está siendo solicitada para combatir todo tipo de delitos, pero ese combate en fueron coman o funciones locales. La Guardia no está preparaba para combatir de manera frontal el delito, sino que su función es de vigilancia.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh