Paul Ibarra Collazo, ex asesor legislativo de la diputada Alejandra Valdés Martínez, denunció públicamente las supuestas irregularidades en que ha incurrido la legisladora al haberlo obligado, entre otras cosas, a entregarle una parte del salario que devengaba cuando trabajan juntos, hecho por el cual, informó, prepara una denuncia ante las autoridades correspondientes a fin de que se investigue y sancione de acuerdo a lo establecido en la ley.
De acuerdo a su testimonio, el personal que trabaja para la diputada no son más que prestanombres que le ayudan a cobrar un recurso para favorecer a su hermana. Dijo que Valdés Martínez hostiga, amenaza e intimida a varios trabajadores a fin de que estos accedan a cederle un alto porcentaje del sueldo que perciben por el desempeño de sus actividades en el Congreso, en ocasiones de hasta 12 mil pesos.
Explicó que, ante estas irregularidades, decidió separarse del cargo y reunir las evidencias necesarias para poder presentar la denuncia ante las autoridades de justicia con la finalidad de que se investigue y no quede impune el actuar de la diputada ya que, reiteró, son varias las personas que se han visto afectadas por este proceder.
Por su parte, la diputada en cuestión aseguró que Ibarra Collazo fue despedido como su asesor luego de que se le detectaran algunas irregularidades en su comportamiento así como la adjudicación indebida de un sueldo de 50 mil pesos mensuales. Dijo que el principal motivo de su destitución fue la pérdida de confianza y la posible sustracción de varias pelucas oncológicas cuya existencia no reportó y que, a la venta, alcanzan un precio de hasta 300 pesos.
En torno a este y otros escándalos que se han suscitado en fechas recientes en el Congreso del Estado, el diputado Pedro César Carrizales Becerra comentó que resultan por demás lamentables las decisiones que se están tomando por parte de la Junta de Coordinación Política pues afectan a toda la Legislatura y se incurren en irregularidades como, por mencionar algunos, la ampliación del presupuesto para asesores, la imposición de perfiles inapropiados en puestos específicos y el lucro en que están incurriendo varios de sus compañeros a costa del erario público.
