Francisco Peña, investigador del Colegio de San Luis, expresó que a fin de lograr que se respete el acceso al agua como un derecho humano es necesario una Ley que así lo establezca, tanto a nivel estatal como federal, y que para una correcta formulación de la misma se deben de tomar en cuenta los testimonios de las comunidades que se han visto afectadas por la mala administración del vital líquido.
Afirmó que una de las cosas que debe de contemplar esta nueva Ley es la de evitar que la gente encargada de darnos agua limpia “nos quiera dar agua con mentiras”, refiriendo un caso en el que la CONAGUA realizó un proyecto para hacer unos pozos a fin de proporcionar agua a la población de los municipios que se encuentran alrededor de Matehuala.
Francisco Peña explicó que en el documento oficial la CONAGUA aceptó, en su Manifestación de Impacto Ambiental, que en dichos pozos se encuentra un alto contenido de arsénico, pero que a través de la cloración y el tratamiento que se haga en los sistemas de potabilización, dicha agua podría ser apta para el consumo humano.
Al respecto, resaltó que al momento de estar investigando y encontrar dicha información, no podían creer que el nivel de irresponsabilidad de los encargados de manejar el agua en nuestro país hubiera llegado a tanto, cuestionando que un organismo que se “supone” experto piense que puede hacer creer que con la cloración se elimina el arsénico del agua haciéndola potable, ante lo cual, según sus propias palabras, manifestó que una nueva Ley debe de prestar especial atención en que los técnicos mentirosos que lleguen a escribir cosas como esta, simplemente no puedan estar en los organismos especializados del agua en nuestro país, afirmó Francisco Peña.
