Diputados locales señalan que la aprobación de instaurar un juicio político contra las ex diputadas, Xitlálic Sánchez Servín y Rebeca Terán Guevara, fue por mandato judicial y será la Comisión Jurisdiccional la que determine si hay elementos.
El diputado, Rolando Hervert Lara dijo que esto fue para cumplir con un mandato judicial, “había algunas controversias en los diputados, interpretación de la ley y la mayoría determinamos que si era procedente crear esta Comisión Jurisdiccional para que determine.
Expuso que una comisión ordinaria no tiene las facultades para dictaminar, “por eso precisamente a ellas las están, de alguna manera, imputando porque ellas determinaron en una comisión una acción que era procedente o no sobre alguna acción y una comisión no puede determinar eso”.
Dijo que el proceso debe ser como el llevado a cabo con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jaime Pinera Arteaga; primero conformar la comisión jurisdiccional para que se presentan las pruebas y defensa, y si hay los elementos o no determinar si procede el juicio, y afirmó que esto no afectará de manera electoral al PAN.
Por su parte el legislador, Edgardo Hernández Contreras reiteró que este proceso se hace para cumplir con un mandato judicial federal, por lo que no ve que haya algún dolo o mala fe por la aprobación de la integración de la Comisión Jurisdiccional.
“Simple y sencillamente fue allanarnos al mandato federal, sin embargo, me llama mucho la atención Cándido Ochoa que se mostró más defensor que legislador, entonces no puede ser defensor particular sin que renuncie y que lo atienda de forma particular”, aseveró.
Será la Junta de Coordinación Política quien definirá la integración de la Comisión Jurisdiccional y tomaran protesta en la próxima sesión extraordinaria del Congreso del Estado para que inicien con el proceso.
