En tercer periodo extraordinario se determinará factibilidad de juicio político contra ex diputadas

La Diputación Permanente aprobó convocar al tercer Periodo Extraordinario de Sesiones para el próximo martes 9 de julio de 2019, donde se conformará la comisión jurisdiccional para iniciar y determinar la factibilidad del juicio político contra las ex legisladoras Rebeca Terán Guevara y Xitlálic Sánchez Servín.
En la sesión extraordinaria se abordaran cinco puntos, entre los que destaca la integrar Comisión Especial para la Atención a Denuncias de Periodistas, punto que fue solicitado en la Diputación permanente por parte del diputado Cándido Ochoa Rojas.
Otros de los puntos son: dictamen con Proyecto de Decreto que Reforma al artículo 4° en sus fracciones XIX y XX y 140 una fracción II; y, adiciona a los artículos 4° la fracción XXI, 140 una fracción ésta como III, por lo que actual III pasa a ser fracción IV, de la Ley de Salud del Estado; dictamen con Proyecto de Resolución que desecha por improcedente iniciativa que proponía adicionar el párrafo segundo al artículo 39 Ter de la Ley de Salud.
Además, el dictamen con Proyecto de Resolución que deja sin efecto diverso legislativo aprobado en Sesión Privada del 21 de junio de 2018 emitido en la solicitud de juicio político número 42 y por tanto, estima procedente la denuncia y en consecuencia propone la incoación del procedimiento de juicio político en contra de dos ex legisladoras, integrantes de la LXI Legislatura.
En otro tema, se turnó a las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable, Gobernación y, Hacienda del Estado la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, por la que insta autorizar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, desincorporar y dar de baja del inventario general de bienes muebles e inmuebles, mediante modalidad de donación gratuita, un total de 9,866 bienes, mobiliario y equipo, para ser entregados a instituciones y asociaciones no lucrativas, y los que no sean de interés de éstas, destruirlos.
Además, se declaró la caducidad de la iniciativa turno número 6460 de la Sexagésima Primera Legislatura, y, se turnó a las diversas comisiones legislativas la correspondencia enviada por ayuntamientos, particulares, y entes paraestatales.