Integrantes de la LXII Legislatura condenaron el desalojo violento que llevo a cabo el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Óscar Oswaldo Jiménez Arcadia, contra la oficial 11 del Registro Civil, María Teresa Carrizales Hernández.
El diputado del PVEM, Cándido Ochoa Rojas reprobó la forma en que se actuó contra la funcionaria y lamento que los diferentes gremios como es el de abogados estén guardando silencio contra esta violación a los derechos humanos.
Recordó que los desalojos los realiza la autoridad judicial y no la policía municipal, además que deben de llevar un oficio expedido por un juez, con lo que consideró que fue un acto ilegal el que se llevó acabo y se debe de sancionar a los responsables.
“No sé dan los desalojos por decreto u oficio, y es muy triste ver a un funcionario que horas antes estaba dando fe pública registrado el nacimiento de las personas, matrimonios y sea arrastrada por el suelo y está no es culpa de los policías sino de todo el Cabildo de la capital que permite esto”, afirmó.
Por su parte el diputado, Rubén Guajardo Barrera lamentó la manera agresiva en que se actuó y respaldo el posicionamiento del Partido Acción Nacional que exige una sanción para Jiménez Arcadia.
Expuso que quién se sienta agraviado debe de presentar las denuncias pertinentes, y sobre todo las autoridades deben de apegarse a los lineamientos que deben de seguir en cada proceso para evitar que se violentar las garantías individuales como son los derechos humanos de las personas.
Finalmente, la diputada por Morena, Angélica Mendoza Camacho señaló que fue excesiva la fuerza con la que se trató a la oficial del registro civil, por lo que debe haber una sanción para los responsables de estos hechos.
