“Sin claridad, se ponen en riesgo todas las inversiones”: embajador canadiense

La decisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de iniciar un arbitraje internacional para demandar la nulidad de algunas cláusulas en un contrato firmado con la empresa canadiense TC Energy, así como con IEnova, confunde al sector privado y pone en riesgo las inversiones a futuro, afirmó el embajador de Canadá en México, Pierre Alarie.

“No quiero especular en las decisiones que las empresas toman, pero éstas necesitan claridad”, aseguró el diplomático en entrevista con un Diario de circulación nacional. “Lo que puedo decirte es que el contrato fue de 2 mil 500 millones de dólares, firmado en 2017, que generó miles de empleos en el país y la confusión puede poner en riesgo las inversiones”.

Ayer, Alarie criticó en su cuenta de Twitter la decisión de la CFE de iniciar el arbitraje internacional por algunas cláusulas que la empresa productiva del Estado considera abusivas de un contrato para la construcción y operación del Gasoducto Marino Sur Texas-Tuxpan, en el que también está involucrada la mexicana IEnova.

“Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la Comisión Federal de Electricidad y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de @ lopezobrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos”, escribió.

Alarie afirmó que el término leonino, como ha llamado Manuel Bartlett, director de CFE, a los contratos, le desagrada debido a que fueron negociados, avalados y eventualmente firmados por la propia empresa, que ahora quiere echar atrás varias disposiciones.

“Es una señal malísima y las acciones de la CFE son muy incongruentes con las palabras del presidente”, apuntó el embajador en referencia al mensaje de Andrés Manuel López Obrador, de que no buscaría llevar a litigio los contratos. “Pienso que es muy importante aclarar de inmediato las reglas del juego para no confundir a las empresas”.

Alarie mencionó que el monto que la CFE estaría pidiendo de vuelta de TC Energy son unos 899 millones de dólares, aunque no pudo asegurar si se trata de un monto parcial, que solamente incluya algunas cláusulas, o la cifra total de reparación.

Mensaje incorrecto, dice IP

Para Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acciones como la emprendida por la CFE dan la percepción de que el actual gobierno no está respetando los contratos establecidos antes de que comenzó su gestión.

“A lo mejor no va a llegar a mayores y vamos a poder arreglar este diferendo entre dos actores, en este caso la Comisión Federal y la compañía IEnova (…) pero la percepción que crea en el medio es que no se están respetando los contratos”, dijo el empresario en entrevista.

“Se está poniendo en entredicho un contrato que se licitó internacionalmente, se entregó en una licitación pública internacional a una compañía”, dijo el presidente del CCE.

“La compañía construyó esto, nos pueden no gustar las condiciones del contrato, lo que no podemos es estar en contra del contrato”, complementó Salazar Lomelín.

Por su parte, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que “la atracción y retención de la inversión internacional requiere de certidumbre. Nada más dañino para la competitividad de México, que la pérdida confianza en el Estado de derecho”, dijo en Twitter.

Focos

  • La CFE inició un arbitraje internacional para demandar ante el consorcio Infraestructura Marina del Golfo, conformado por TransCanada e IEnova, para cambiar algunas cláusulas del contrato correspondiente al ducto Sur de Texas-Tuxpan.
  • IEnova informó que la Comisión Federal de Electricidad demandó la nulidad de algunas cláusulas del contrato del proyecto, referentes a la responsabilidad de las partes en eventos de caso fortuito o fuerza mayor.
  • El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, dijo a El Financiero que el gobierno mexicano no respeta los contratos de gasoductos.
  • El CCE señaló que acciones como la emprendida por la CFE dan la percepción de que el actual gobierno no está respetando los contratos establecidos antes de que comenzó su gestión.