La Contraloría General de Gobierno ha impuesto 122 inhabilitaciones, en el transcurso de tres años, por comportamientos indebidos de funcionarios públicos, asociados con desvío o no ejercicio de recursos y han aplicado 133 multas económicas. Además confirmo que al menos 18 funcionarios estatales incumplieron con la presentación de sus declaraciones 3 de 3.
Lo anterior lo dio a conocer Gabriel Rosillo Iglesias, titular de la Contraloría General del Gobierno del Estado, quien señaló que las sanciones impuestas, también son derivadas de un fortalecimiento, en la política de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.
En este sentido, dijo que “Lo que queremos impulsar es una cultura de transparencia cada vez más consolidada, y a la par, el que se fortalezca el aspecto preventivo, debemos impedir que ocurran las irregularidades, y no llegar a la sanción”, acotó.
Expuso que desde el 2015 al 2018, además han aplicado como sanción 45 suspensiones del cargo, 9 destituciones, y 83 identificadas como otras.
Además, Gabriel Rosillo destacó que al concluir el periodo que fija la Ley, se logró un 99.45 por ciento, en el cumplimiento de la entrega de la llamada declaración 3 de 3.
En los 18 casos de omisos, afirmó que será analizada la situación, para aplicar las sanciones que corresponden por esa omisión.
Puntualizó que en lo que va de la presente administración han sancionado a 654 funcionarios, de los cuales 9 han sido destituciones, 122 inhabilitaciones, 265 amonestaciones, 42 suspensiones y 133 multas, de las cuales corresponden a 72 dependencias, 21 centralizadas y 51 descentralizadas incluyendo la Fiscalía General del Estado (FGESLP).
También confirmó que se continuará con la presentación de la declaración en el formato promovido por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), siendo la entidad el único ente público en el país que conserva ese formato. Señaló que en este ejercicio se presentaron 3 mil 282 declaraciones entre secretarios, subsecretarios, directores, administrativos, personal sindicalizados, funcionarios de confianza de nivel 14 a 16, con lo que se aseguró un nivel de cumplimiento del 99 por ciento.
