El actual ayuntamiento de la capital ha señalado a Ricardo Gallardo Juárez como el funcionario público que desvió más de 1,840 millones de pesos en tres años del erario público a través de diferentes acciones.
En esto se incluye más de 160 millones de pesos que les quitó a los trabajadores del ayuntamiento como impuesto sobre la renta y no se lo entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esto es un delito fiscal que merece sanción económica y corporal porque defraudar al fisco a través de la evasión es algo grave, muy grave que cae en la Comisión de un delito penal Federal.
Por otra parte la asignación de contratos sin licitación y en donde claramente estaban involucrados socios y amigos de la familia Gallardo, independientemente de que en el caso de las pavimentaciones dividió la inversión en pequeños contratos para librarlas de licitaciones, pero se sabe que todas estas pequeñas constructoras son propiedad de la familia Gallardo.
En concreto el ayuntamiento de la capital le está requiriendo por la devolución de más de 1,840 millones de pesos que pertenecen al erario público es decir a la población.
De manera pública en conferencia de prensa el secretario del ayuntamiento ha dicho que ya presentaron una demanda ante la Fiscalía General del Estado para que Ricardo Gallardo Juárez y su equipo respondan ante los señalamientos de desvío de recursos que se les están haciendo.
Asimismo como la administración anterior dispuso de recursos del erario federal se le ha dado vistas a la fiscalía general de la Federación para que actúe y recupere el dinero que es del pueblo de San Luis Potosí.
Pero hasta el día de hoy de manera sorprendente los potosinos nos damos cuenta de que vivimos en un marco de impunidad, en el que Ricardo Gallardo Juárez ni siquiera es molestado o llamado a declarar en torno a estos señalamientos y a estas demandas.