Fabiola Quintanilla Reynosa, asesora jurídica delos comuneros de San Juan de Guadalupe, afirmó que desde la perspectiva de los derechos humanos el pretender obligar a los comuneros a que se integren en los planes de desarrollo, los cuales tienen que ver con la privatización de sus tierras así como con la construcción de presas y carreteras, constituyen una violación a varios de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a la vida, ala seguridad, a la libertad de circulación, a elegir su lugar de residencia, el respeto a su propiedad, a la salud y al derecho a gozar de un medio ambiente sano.
A fin de comprender esta problemática recomendó leer los documentos de la ONU que hablan acerca de los desalojos forzados donde se explica cómo históricamente se ha llegado a esta clase de situaciones, enfatizando en que no se debe de hablar de desalojo sino más bien de despojo, afirmando que en nuestro país desde hace 40 o 50 años se ha venido practicando esta forma de acumulación de riquezas siempre contando con la complicidad de las autoridades.
Fabiola Quintanilla afirmó que a la comunidad la ha estado absorbiendo la mancha urbana, ocasionando con esto que la especulación inmobiliaria haya convertido sus tierras en las más caras de la ciudad hasta llegar a ser completamente inaccesible para la inmensa mayoría de la población, y refiriéndose al caso de la Plaza San Luis, comentó que sería necesario reflexionar que derechos se tuvieron que violar para que dicha plaza existiera, en que territorio se encuentra y de quien era eso que ahora estamos pisando, argumentando que para que tanto esta plaza como otras construcciones que existen a su alrededor fueran posibles, la comunidad de la Garita de Jalisco tuvo que desparecer como tal.
