Luego de que se rechazará su Punto de Acuerdo para exhortar a los presidentes municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez a que se utilice un protocolo y se respeten los derechos humanos en los operativos anti alcohol, el diputado local Pedro Carrizales Becerra adelantó que lo volverá a presentar con mayor sustento, puesto que considera necesario que haya parámetros para realizar estos operativos.
El diputado por el Partido del Trabajo, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los presidentes municipales de San Luis Potosí y Soledad a aplicar el protocolo para la implementación de puntos de alcoholimetría de la Comisión Nacional para la Prevención de Accidentes, además a que en sus operativos anti alcohol estén presentes observadores de las respectivas Coordinaciones Municipales de Derechos Humanos y a que se realice una convocatoria pública para la sociedad civil pueda participar con observadores independiente y voluntarios.
Indicó que en las últimas semanas se ha venido dando una discusión pública ante la instalación más constante de operativos anti alcohol en la zona metropolitana, compuesta por San Luis Potosí y Soledad, como ocurrió el 21 de marzo, cuando Filemón Juárez Santana, Director de Policía Vial en la capital, anunció que estará aplicándose durante los fines de semana el “Operativo Anti Alcohol” de 11:00 pm a 3:00 am.
Agregó que también este tema ha sido objeto de entrevistas a diputados y diputadas para conocer nuestra opinión sobre la situación, además que desde la sociedad civil, por un lado se ha criticado y cuestionado si el fin de estos operativos es prevenir accidentes o generar recursos para las arcas municipales, y por otro, hay gente que señala que son pertinentes, puesto que el fin último es salvar vidas; no obstante lo anterior persiste la duda y la desconfianza, incluso cabe recordar que en el índice de confianza en la Consulta Mitofsky, las policías, incluyendo las de tránsito, están reprobadas con un 4.8, siendo el tercer tipo de institución con menos confianza de parte de la población.
“Tanto la necesidad de mantener los operativos anti alcohol como la de garantizar el respeto de los derechos humanos de los automovilistas, impone la obligación de contar con políticas públicas e intervenciones basadas en la evidencia científica”, dijo.
