Exigen combatir corrupción en el servicio público

Para prevenir que algún Servidor público del estado cometa alguna conducta que configure el delito de cohecho, en beneficio del partido político al que este afiliado, la diputada María del Consuelo Carmona Salas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.
“Una de las prioridades por parte del Ejecutivo Federal, es terminar con los hechos de corrupción en el país, por lo que, del análisis a la legislación del Estado de San Luis Potosí, en específico en la Ley de Responsabilidades Administrativas se identifican las hipótesis jurídicas del cohecho en que incurren los servidores públicos del Estado”, dijo.
Sin embargo, no se detecta en la definición de cohecho, que se incluya el concepto de relación con partidos políticos; circunstancia que en la práctica es un hecho común, dado que los servidores públicos gozan del derecho de asociación. De ahí que a fin de prevenir que algún servidor público del Estado, cometa alguna conducta que configure el delito de cohecho, en beneficio del partido político al que este afiliado, y ponga en riesgo la buena marcha de la administración pública y la rectitud de los procesos electorales, es que debe adicionarse el artículo que nos ocupa.
Expuso la legisladora María del Consuelo Carmona que la iniciativa establece que “incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado”.
“Donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para partidos políticos, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte o hayan formado parte en el último año”.
La iniciativa se turnó a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.