San Luis Potosí requiere de un ordenamiento legal actualizado y moderno que garantice el acceso a una vivienda adecuada, por lo que se acrecentarán las facultades de la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado en materia de desarrollo, promoción, ejecución y difusión de los programas diversos, dijo el diputado Mauricio Ramírez Konishi.
El legislador propone adicionar diversos artículos a la Ley de Fomento a la Vivienda del Estado, expuso que la vivienda que se otorgue debe cumplir no sólo con una infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos básicos, en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados.
La Ley de Fomento a la Vivienda que fue publicada mediante el decreto legislativo 96, de 13 de mayo de 2004, contempla algunos conceptos que deben ser adaptados a la normatividad actual, entre otras, a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí. Con ello, optimizar el funcionamiento de dicho instituto, en el cual se contengan los mejores procedimientos para la atención de los potosinos en materia de vivienda.
Para lograr tales objetivos, el Instituto de Vivienda del Estado necesita acrecentar sus facultades para garantizar el acceso a la Vivienda adecuada, como son el desarrollo, promoción, ejecución y difusión de los programas de vivienda; el suministro de bienes o materiales para el mejoramiento y construcción, desarrollo urbano, movilidad y lo concerniente al financiamiento a la vivienda de carácter integral. Crear, concertar, formular, aplicar y ejecutar programas, proyectos, políticas y acciones de gestión del suelo, acciones de vivienda e inversiones público privadas tendientes a la conservación del patrimonio cultural, estructu+-ración urbana, movilidad y accesibilidad universal, incluyendo el rescate y conservación de sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, histórico, artístico, ambiental o de otra naturaleza”, dijo.
Dijo que la iniciativa añade la propuesta, creación y ejecución de políticas para la prevención y control de asentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo, respetando las directrices de los atlas de riesgos conforme a los planes y programas de ordenamiento territorial, vivienda y desarrollo urbano vigentes. De igual manera, busca promover el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en materia de ordenamiento territorial, vivienda y desarrollo urbano en el Estado.
“Lo anterior es así, porque ese Instituto sólo se limita, a grandes rasgos, a ejecutar los programas de vivienda en beneficio de la población que carezca de una vivienda digna y adecuada, por lo que resulta necesaria su ampliación de facultades”, puntualizó.
