Jalil Chalita Zarur
Es sumamente sorprendente el caso de Ricardo Gallardo Juárez ya que después de una serie de denuncias tanto a través de los medios, de asociaciones civiles y supuestamente del actual ayuntamiento en donde se le señala con documentos una gran cantidad de actos que por su naturaleza son actos ilícitos que deben de ser sancionados inclusive algunos con la privación ilegal de la libertad.
Según el actual ayuntamiento ya han presentado de su antecesor una cantidad de denuncias de saqueo al erario municipal y manejos abusivos del recurso público, como para suponer que las autoridades encargadas de vigilar y sancionar los excesos de los funcionarios ya deben de tener una carpeta completa para ponerla en manos de un juez.
Aún sin embargo Ricardo Gallardo Juárez y su equipo viven en la total impunidad, es más, están afinando proyectos políticos a futuro, pero no existe una autoridad que nos incomode absolutamente.
Ricardo Gallardo retuvo el impuesto sobre la renta (ISR) a los trabajadores del ayuntamiento por cerca de 180 millones de pesos durante los tres años de su administración, aun sin embargo sorprendentemente la Secretaría de hacienda y crédito público no ha molestado al señor Gallardo absolutamente para nada; si cualquier mortal no paga sus impuestos personales el SAT inmediatamente le envía citatorios, le cobran multa, recargos, actualizaciones, y en su caso el embargo de bienes. ¿Por qué el caso de Gallardo es diferente al de cualquier ciudadano mexicano?
A Ricardo Gallardo se le han demostrado alrededor de 1,840 observaciones de su período administrativo, de esto se desprende el desvío de más de 1,500 millones de pesos y Gallardo sigue en la más absoluta impunidad.
Ha sido promulgada la Ley Estatal Anticorrupción para el Estado de San Luis Potosí y ser nombrado a Alejandro Vera Loyola como fiscal especial anticorrupción. Aún sin embargo parece que este fiscal especial anticorrupción le pasa inadvertido este caso Ricardo Gallardo Juárez.
Hay denuncias formales ante la Fiscalía, pero a ésta no se le ve el más mínimo esfuerzo concreto por dejar en claro por ejemplo si la proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz es una creación literaria y contable del ex alcalde. Es más aún, se le allegaron al fiscal documentos y ni así, cajas enteras. Imagínese usted hasta donde protegen a Gallardo: Salieron con un pretexto legaloide para zafarse del problema de cumplir su trabajo: argumentaron que al tratarse de materia federal, bueno pues que lo persiguiera y juzgara la justicia de la Federación.
Pero el recurso económico, es decir los pesos y los centavos desviados provienen de la población del municipio de San Luis Potosí, si bien la falsificación de facturas y los supuestos registros ante la Secretaría de hacienda son materia de la justicia Federal, el desvío de recursos es claramente materia penal del Estado de San Luis Potosí.
En el Congreso del Estado, ni un solo pronunciamiento ha habido de la Comisión de Vigilancia, ni de ninguna otra. El Sistema Anticorrupción es hora que no manifiesta siquiera darse por enterado de este asunto.
Y de los diputados locales, todos tienen facultades y obligaciones como vigilantes de otros poderes, pero ni siquiera los de los partidos que registraron a Nava como candidato tienen opiniones al respecto del caso de Ricardo Gallardo Juárez. Es decir se unen a la total impunidad de este asunto.