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¡Como si no bastara con el dolor y la angustia!

By on 18 abril, 2019

Perder un familiar o tenerlo por desaparecido, como sucede con miles de familias en México, ya es un dolor que nos caracteriza como sociedad. Basta imaginar que uno de esos o esas decenas de miles de personas muertas fuera un ser querido, para entender a lo que me refiero. Pero resulta que, como sociedad o como nación, ese no es el único costo que pagamos o en el que incurrimos, por vivir entre balazos y como víctimas del crimen que se ha enseñoreado en todo el territorio de nuestra patria. Hay otros muy importantes a los que debemos voltear a ver, para comprometernos de una vez por todas en reducir este entorno maldito.

El “Índice de Paz México2019: Identificar y medir los factores que impulsan la paz” del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) mide los efectos de la violencia en México. Este índice es parte de la labor global del IEP para medir los factores sociales, políticos y económicos que contribuyen a la paz. Para ello, cada año, el Instituto de Economía y Paz produce el Índice de Paz Global, en el que México ocupa el lugar 140 de 163 países. Por sexta vez consecutiva, el IEP produce un reporte subnacional para México. Este mide cinco indicadores que buscan reflejar: la paz negativa como la ausencia de violencia (dónde han disminuido los delitos); el costo económico de la violencia (las pérdidas directas e indirectas de la violencia); victimización, seguridad y justicia (quiénes son afectados por los delitos y cómo acceden a la justicia) y la paz positiva como las acciones del Estado para combatirla (los progresos anuales del sistema de justicia para combatir la violencia).

Durante 2018, la paz en México tuvo un retroceso de 4.9%, principalmente por el aumento de la tasa de homicidios en 14%, siendo la cifra más alta registrada desde que se mide esta variable. El informe también realiza una estimación del impacto económico de la violencia. Este representa 5.16 billones de pesos, es decir 24% del PIB y 41,181 pesos per cápita; cifra equivalente a más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano. Este costo es el gasto económico en salud y seguridad per cápita que realizan las empresas y las familias mexicanas, independientemente del gasto público para afrontar la violencia.

El impacto del costo económico de la violencia es 10% más alto en 2018 que en 2017, este 10% es también la tendencia a la que crece anualmente desde 2015. Los estados con mayor impacto económico de la violencia son el Estado de México, donde se pierden anualmente 636.8 mil de millones de pesos por la violencia. En segundo lugar, se encuentra Guanajuato con pérdidas de 380 mil millones de pesos, seguido de Jalisco que pierde 345 mil millones de pesos y Guerrero donde se pierden más de 258 mil millones de pesos. Pero al examinar la variable per cápita, estados como Colima y Baja California, han tenido las mayores pérdidas por violencia.

El tipo de delito con más costo para la economía mexicana es el homicidio, que representa 51% de las pérdidas económicas por violencia, ascendiendo a 2.63 billones de pesos en 2018. Este es un impacto mayor en un 15% al de 2017. Una de las posibles correlaciones del aumento tan drástico en la violencia en los últimos tres años fue el aumento de 16% en los delitos cometidos con armas de fuego. En segundo lugar, los delitos con violencia como robo, asalto y violación representaron 31% del costo económico del crimen, con 1.5 billones de pesos en pérdidas.

Por otra parte, el informe mide el presupuesto como el costo público de enfrentar la magnitud del crimen en México. México gasta solamente 0.81% de su PIB en seguridad interna y en su sistema judicial. Este porcentaje es el más bajo entre el costo de combatir el crimen para los países de la OCDE, cuyo promedio de gasto es de 1.64% del PIB. Asimismo, el informe del instituto señala que no existe una correlación de más gasto asignado a los estados menos pacíficos, con una distribución similar para todas las entidades. Lo que significa que es necesario ajustar la política de seguridad y justicia a los indicies de violencia locales.

Por otra parte, este gasto mínimo se traduce en pocos servidores públicos en las policías y tribunales. Sólo existen 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes; está cifra es menor que el promedio de la OCDE de 17.9 jueces y oficiales, según el Instituto. En términos de policías, sólo existían 110 oficiales por cada 100,000 habitantes en 2017, cifra menor a la mitad del promedio de América Latina.

Entre las conclusiones de este estudio se encuentra la necesidad de focalizar la estrategia contra la violencia en los estados más afectados por este problema. El costo de oportunidad de reducir la violencia si todos los estados tuvieran como benchmark el nivel de violencia de los cinco estados más pacíficos del país (Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo), podría equivaler a un “dividendo de paz” de 2.5 billones de pesos al año, monto cercano al 11% del PIB de México en 2018, medido como el gasto económico en salud y seguridad per cápita solventados por las empresas y las familias mexicana.

A pesar de que las categorías de homicidio y robo con arma de fuego se han deteriorado, existen ligeras mejoras en otras dimensiones del índice como delitos con violencia y cárcel sin sentencia. Esta última dimensión ha mejorado desde 2015 en 10%, lo que implica un menor nivel de impunidad en delitos que efectivamente son investigados y terminan en una sentencia. A pesar de que los delitos con violencia se han reducido, otro tipo de delitos emergen como la trata y la extorsión. Asimismo, una variable nueva en el panorama 2018 fue la violencia política, con 850 incidentes durante las elecciones.

Según el reporte, México tiene dos debilidades para enfrentar el problema de la violencia: el funcionamiento del gobierno en seguridad y justicia, y la corrupción. En primer lugar, la tendencia de gasto en el sistema judicial continua sin cambios. El gasto en el sistema judicial y en el ejército ha estado creciendo hasta duplicarse desde 2007, mientras que el gasto en seguridad interior se ha mantenido con un cambio de cerca del 20% desde 2007. Por último, los sistemas de justicia deben enfrentar la percepción de corrupción; 70% de los ciudadanos perciben que los jueces eran corruptos y 65% perciben corrupción en el Ministerio Público. Estas son las primeras puertas de entrada que tiene el ciudadano para acceder a la justicia.

Como si el dolor por tantas perdidas no fuera suficiente, ahí tenemos datos estremecedores que exigen, por sí mismos, un cambio radical en la estrategia para abatir la violencia y la inseguridad que provoca la criminalidad. Estos son los datos que debe tener en la mente el presidente de la república cuando un periodista como Jorge Ramos lo saca de quicio, al hacerle ver la gravedad de lo que sucede ya en el tiempo de su gestión. Ojalá que el acicate nos lleve a buenas decisiones de política pública en esta materia tan sensible e impactante.

 

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