Quiere Odebrecht que el Gobierno mexicano le pague 2 mil 245 millones de pesos de finiquito por los contratos cancelados, en el marco del escándalo que se armó tras las acusaciones contra la brasileña por sobornos.
A principios de enero, la firma reconoció que sí pagó millones de dólares en sobornos por lo que se dijo víctima de corrupción en México y acudió a quejarse ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los contratos cancelados por lo que quiere el finiquito son en las refinerías de Tula, Hidalgo y Salamanca, Guanajuato.
Odebrecht acudió ante la el organismo defensor de los derechos humanos para ampliar su queja por violaciones a sus garantías y de acuerdo con Reforma, Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la firma, dio el cálculo del finiquito que le busca imponer a Petróleos Mexicanos (Pemex) por terminación anticipada en ambas refinerías.
Dice que por el contrato de Salamanca los adeudos a su favor rondan en 432 millones de pesos, en tanto que por el de Tula, oscila en mil 813 millones de pesos.
Cuando Odebrecht acudió por primera vez a presentar su queja ante la CNDH, dejó ver su malestar por un dictamen contable presuntamente ilícito, que habría empleado la Secretaría de la Función Pública (SFP) para inhabilitarla por 4 años, derivado del contrato de plataformas en Tula.