La suspensión de un Juzgado de Distrito y la queja interpuesta por el ahora director de Obras Públicas ante la SFP, impidieron ejecutar el proyecto, revelo la ex directora de la dependencia, Leticia Vargas Tinajero
La obra de Fray Diego de la Magdalena no se realizó por un mandato judicial federal, fue esta imposibilidad jurídica lo que impidió concretarla, por lo que es importante destacar que corresponde a la actual administración municipal resolver este asunto desde el ámbito legal, y que conoce muy bien el ahora titular de Obras Públicas porque fue de los principales opositores, aseguró Leticia Vargas Tinajero, ex Directora de esa área del Ayuntamiento capitalino
Recordó que cuando la pasada gestión anunció el inicio de la obra, un grupo de vecinos interpuso un amparo para que no se realizara, a la vez el entonces dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Marco Antonio Uribe Ávila, se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Esos son los antecedentes principales que nos permiten explicar a la opinión pública las razones legales por las que no se realizó el paso a desnivel en la zona de El Saucito, cuya utilidad era manifiesta para agilizar el tráfico vial, indicó.
Si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está pidiendo el reembolso de los recursos que fueron entregados a la empresa encargada de realizar la obra, “es un litigio que debe resolver la actual administración con la constructora que sigue siendo hasta ahora la asignada para ejecutar el proyecto, por lo que las partes están obligadas a llegar a un acuerdo, ya sea que se rescinda el contrato o que se realice finalmente”.
La exfuncionaria municipal fue enfática al señalar que no se debe culpar a la anterior administración de que la obra no se haya realizado, “eso está muy claro, nosotros acatamos el amparo que les fue otorgado a los vecinos que se dijeron afectados, además la CMIC recurrió a la SFP, lo que hizo imposible su realización”.
Por último, aclaró que los recursos no se desviaron ni se perdieron como pretenden hacer creer, se entregaron a la constructora, “es por ello que el ayuntamiento capitalino tiene que actuar conforme a la ley, tomar la mejor decisión que salvaguarde el interés público”.