El Congreso del Estado aprobó llamar a comparecer al secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, Daniel Pedroza Gaitán; al encargado de funciones de director de Junta Estatal de Caminos, Marcos Enrique González Vega; y al Contralor General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, a efecto de que rindan un informe pormenorizado del estado en que se encuentra el desarrollo de la obra de construcción de dos brazos del Distribuidor Vial Benito Juárez en la capital del estado, esto por la caída de la cimbra de uno de los cabezales de la obra la semana pasada.
Además, solicitaron al Gobierno del Estado, al Director de la Junta Estatal de Caminos, a la Auditoría Superior del Estado, y a la Auditoría Superior de la Federación, realizar una audi-toría que permita conocer la situación financiera, jurídica y técnica de la obra, a fin de determinar la capacidad para llevar a cabo el proyecto, y verificar la calidad de los insumos.
El punto de acuerdo fue presentado por diputados, Marite Hernández Correa, José Antonio Zapata Meráz, Alejandra Valdés Martínez, María Isabel González Tovar, Edgardo Hernández Contreras, y Angélica Mendoza Camacho.
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Marite Hernández Correa recordó que el viernes 09 de febrero, colapsó parte de la construcción de una base de uno de los brazos de la obra de construcción de dos brazos del Distribuidor Vial, y la ciudadanía requiere conocer los motivos y si realmente es una obra de calidad.
«Es menester que el Gobierno del Estado, explique a esta Soberanía y a la opinión pública en general, las razones técnicas comprobadas que llevaron al colapso de esa parte de la obra; no solamente porque en este caso se trata del uso de recursos públicos, sino sobre todo porque debe garantizarse plenamente que en todas las etapas de la obra y su posterior utilización por miles de potosinas y potosinos, se cumpla con los estándares de calidad que aseguren que su uso no ponga en riesgo la vida de persona alguna», dijo.
El punto de acuerdo fue aprobado por el Pleno del Congreso, con 25 votos a favor y uno en contra, y las comisiones competentes agentarán la fecha en que los funcionarios estatales comparezcan ante dicha soberanía.