Haití entró este jueves a su octavo día consecutivo de paralización y protestas para pedir la dimisión del presidente, Jovenel Moise. Las confrontaciones entre los manifestantes, en su mayoría jóvenes de las zonas más populares, y las fuerzas de seguridad dejan ya al menos siete muertos. La situación ha seguido deteriorándose en las últimas jornadas, con más choques con la policía y saqueos de comercios que han llegado hasta el corazón de la capital del país más pobre de América y uno de los de menor renta per cápita del planeta, Puerto Príncipe. La mitad de los haitianos sobrevive con menos de dos dólares diarios.
Las protestas, convocadas por el Sector Democrático y Popular —integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares— comenzaron el pasado día 7, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada a la presidencia de Moise, un empresario del sector banano que llegó al poder sin ninguna experiencia política. Y no han dejado de crecer: los promotores de las movilizaciones han redoblado en las últimas horas su pulso al Ejecutivo, con el anuncio de más manifestaciones. Han rechazado cualquier diálogo con el presidente, que este jueves por la noche ha roto su silencio tras permanecer callado desde el sábado, cuando hizo un llamamiento al diálogo a todas luces insuficiente.
En un mensaje a la nación, emitido en la televisión estatal, Moise dijo este jueves que va a «luchar para restablecer la paz y la estabilidad». «No dejaré el país en manos de pandillas armadas y traficantes de drogas», aseguró.
Las protestas, que han elevado la inseguridad en la nación caribeña, de 10 millones de habitantes, y han provocado un clima de caos e incertidumbre, se producen en medio de una severa crisis que ha golpeado a su ya de por sí deteriorada economía y que se ha visto agravada por la fuerte depreciación de la moneda oficial, el gourde. También por la crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina. En 2018, Haití creció apenas un 1,4% en 2018, una de las tasas más bajas de la región y muy por debajo del 2,2% que se pronosticó a principios del pasado año. En 2010 la economía haitiana se vio colapsada por un fuerte terremoto que causó miles de muertos y redujo a escombros Puerto Príncipe. En 2016, otro desastre natural, el huracán Matthew, dejó más de 1.000 fallecidos y volvió a azotar el débil sistema de infraestructuras haitiano.
Los manifestantes también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe —a través del cual Venezuela suministra petróleo a varios países americanos a precios ventajosos a cambio de apoyo político y del que Haití comenzó a formar parte en 2008—. Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a 15 altos cargos del Gobierno por este caso, informa Efe. También a una empresa que dirigía Moise antes de acceder a la presidencia, en 2017.
Puerto Príncipe seguía este jueves en estado de parálisis, con las escuelas, los bancos, las estaciones de servicio y muchos comercios cerrados por temor a sufrir más robos. Solo en algunos barrios de la ciudad, como el exclusivo Petionville (sureste), algunos negocios se han animado a abrir sus puertas. Pero allí, como en el resto de la urbe, el transporte público seguía siendo prácticamente nulo.
«Es una insurrección popular: los haitianos ocupan las calles y Jovenel [Moise] no tiene más opción que renunciar», declara a France Presse Prophète Hilaire, uno de los jóvenes manifestantes. «Un Gobierno que no puede dar alimentos y agua a su pueblo debe dimitir, pero también se necesita que la burguesía se decida a dejar de acaparar toda la riqueza. En los barrios populares somos más». Más del 50% de la población tiene menos de 25 años, pero, a pesar de su número, se trata de un colectivo ausente en el mercado laboral formal y en las esferas de poder del país latinoamericano. En un país en el que el sector privado está en manos de unas pocas familias, el Estado constituye el primer empleador. Pero la administración está muy lejos de ser representativa de toda la pirámide demográfica: más de 80% de los contratadas por el Estado superan los 35 años.
«[Moise] ha lanzado programas de limpieza y dijo que con ellos crearía unos 50.000 empleos. Así que a los jóvenes que egresan de la universidad, ¿solo puede ofrecerles escobas?», se pregunta otro manifestante, Marco Beauséjour, de 27 años y que trata, sin mucho éxito, de ganarse la vida como conductor de mototaxi. «Nuestros padres se sacrificaron para pagar nuestros estudios y la opción que se nos da es barrer las calles. El presidente nos falta el respeto». Con todo, Beauséjour se siente un privilegiado por haber podido estudiar Contaduría: la gran mayoría de jóvenes que crecieron en los barrios marginales de Puerto Príncipe ni siquiera ha podido terminar la escuela secundaria.
Varios países extranjeros han tomado medidas ante el recrudecimiento de las protestas y la violencia. Washington ha retirado al personal diplomático «que no es de emergencia» y ha advertido a sus ciudadanos que no viajen al país. El Gobierno canadiense ha cerrado su Embajada en Puerto Príncipe y ha ordenado la repatriación de sus nacionales que se encuentran en la nación caribeña. Por su parte, la legación diplomática española en la capital haitiana ha recomendado extremar las precauciones y limitar «al máximo los desplazamientos, permanecer en el domicilio y mantenerse informados» ante la «situación de inestabilidad» que golpea al país antillano.
