- Protesta del 31 de enero de los trabajadores del INAH contra recortes y disminución de salarios
Profesores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) reiteraron que el conflicto y la incertidumbre que prevalecen en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) están lejos de resolverse, pues sólo “hay simulaciones” para regularizar su situación laboral.
A unos días de reunirse con diversos funcionarios, entre ellos, Diego Prieto Hernández, titular de ese instituto, representantes de la Asamblea General de la ENAH —quienes pidieron anonimato— revelaron a La Jornada algunos temas indispensables que incluyen en sus mesas resolutivas.
“Esta asamblea surgió un día después del ataque ocurrido en septiembre de 2018 contra estudiantes del CCH Azcapotzalco. Después de una reunión nos dimos cuenta que la ENAH sufre varios problemas de presupuesto, de infraestructura, laborales (de trabajadores y profesores)”, explicó vía telefónica uno de los maestros.
“No puede haber un proceso educativo óptimo —añadió— bajo esas condiciones. Entonces hicimos un pliego petitorio que incluía modificar el Reglamento General Académico de la ENAH; mejorar las condiciones laborales para los profesores de asignatura; añadir protocolos contra la violencia general y específica de género; revisar el plan de estudios, y cambiar la Ley Orgánica del INAH.”
Tras un paro de labores (en ese instituto) que duró 29 días, de septiembre a octubre de 2018, la Asamblea General de la ENAH integró siete mesas de trabajo, las cuales giran en torno a esas demandas y al actual recorte de personal que presta sus servicios bajo la modalidad del Capítulo 3000 (por honorarios).
“En lugar de aminorar los problemas, desde entonces aumentaron. El semestre inicia el próximo 11 de febrero y la situación de los profesores de asignatura es más crítica que antes. Algunos tienen pagos retenidos desde el año pasado.”
El representante de la mesa de vinculación y dignidad docente explicó que entre sus principales demandas destaca reconocer la antigüedad y mejorar el salario de los profesores de asignatura. “En lugar de darnos nombramientos, las autoridades del INAH nos brindan contratos de seis meses, con cero aumento salarial, cuando se comprometieron a elevar el 30 por ciento de ingresos netos. Por materia, un profesor de asignatura (de licenciatura o de posgrado) gana 650 pesos quincenales pero por reglamento interno sólo tenemos derecho a impartir tres materias por semestre. El sueldo, bajo ese esquema, sería de mil 950 pesos quincenales. “Las prestaciones para nosotros son muy elementales. Un investigador de base tiene casi 50 prestaciones de ley, gastos médicos mayores y gana de 20 a 60 mil pesos mensuales.
“Las contrataciones son muy irregulares: no reconocen la antigüedad. En la ENAH somos casi 400 profesores de asignatura y hay entre 80 y 100 de base o de tiempo completo. También hay trabajadores de confianza, de bandos medios, eventuales, a quienes se les contrataba por seis meses y ahora se les otorgará contrato sólo por dos.” La representante del rubro de presupuesto refirió que es primordial aumentar sustancialmente el presupuesto asignado a la ENAH, descentralizar el diseño de su proyecto presupuestal y transparentar su ejercicio. “Son las principales peticiones, aunque tenemos un anexo de aproximadamente 69 demandas particulares, entre ellas, el mantenimiento general a las instalaciones, atender los requerimientos de protección civil, debido a que nuestra escuela resultó afectada luego del sismo del año pasado, y tener comedor, bebederos, un médico general de base y un botiquín.”
Durante su intervención, la representante de la mesa de violencia de género expresó su preocupación por implementar un protocolo para atender casos de violencia sexual, física y psicológica contra las mujeres.
“Existía un protocolo en 2015 pero nunca fue ratificado por el INAH, además era insuficiente. Entonces propusimos que las maestras, las estudiantes y las trabajadoras lo creáramos. Ahora está en curso.” Las involucradas exigen la destitución de Jorge Andrade Galindo, encargado del departamento de defensoría de los derechos de la comunidad de la ENAH, debido a su presunta “incompetencia y omisión” en diferentes casos de esa índole.