Donald Trump dio a migrantes ‘green card’ falsa

El club de golf del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva Jersey contrató indocumentados y les proporcionó documentos falsos, de acuerdo con una nueva demanda colectiva en poder de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).

Es importante resaltar que esto constituye un delito federal.

El proceso jurídico representa a cinco trabajadores y exempleados de Trump, quienes declararon públicamente que una mujer del club deportivo contrató indocumentados y ordenó elaborar documentos falsos para ellos, para poder contratarlos. Todo esto bajo las órdenes de la primera dama, Melania Trump.

Los cinco trabajadores representados dijeron en la demanda que “muchos” indocumentados fueron contratados en el Trump National Golf Club en Bedminster.

El abogado Aníbal Romero informó por escrito que la gerente del club tomaba fotografías a los indocumentados que contrataba, y al día siguiente los llevaba a un poblado cercano para que firmaran tarjetas de residencia legal falsas, las tarjetas verdes o green cards, y números de seguro social.

Romero, de origen ecuatoriano, dijo que no tiene evidencias de que el presidente Trump estuviera al tanto de esos contratos y falsificaciones pero la gerente de las instalaciones se reunía cotidianamente con Melania.

El abogado agregó que informó sobre ese caso al procurador especial Robert Mueller, que encabeza la investigación sobre la posible injerencia rusa en la elección de 2016, porque temía que el exprocurador general, Jeff Sessions, entorpeciera la demanda.

Mueller inicialmente respondió a Romero que el caso estaba fuera de su jurisdicción pues se trataba de una demanda estatal en Nueva Jersey, pero una semana después lo contactaron agentes del FBI a quienes entregó los documentos falsificados de cuatro trabajadores indocumentados y de una mujer que ahora es residente legal.

Tanto el contrato de indocumentados como la elaboración y entrega de los documentos falsos de migración son delitos federales.

El caso lo llevan ahora la procuraduría estatal en Nueva Jersey y el FBI.

Se trata de la décima octava investigación contra Trump y sus empresas en menos de dos años de su presidencia.

El empleo de documentos de migración falsos tiene una sanción de unos 15 años de prisión, pero si se trata de conspiración se eleva a por lo menos 20 años.

Las dos mujeres integradas en la demanda que han declarado en público hasta ahora son Victorina Morales, de Guatemala, y Sandra Díaz, costarricense que ahora es residente legal.

Díaz dijo que decidió integrarse a la demanda colectiva por sentirse “cansada de que (Trump) abuse, insulte y se refiera de esa forma de nosotros que le estamos ayudando a ganar dinero”.

 A Morales por su parte, le parece una “hipocresía” del presidente mantener campañas de retórica antiinmigrantes y al mismo tiempo contratar indocumentados.