Los grupos de poder más poderosos de San Luis Potosí, encabezados por Carlos López Medina, Alejandro Tamayo, Miguel Torres Corzo, José Cerrillo Chowell, Marcelo de los Santos Anaya, Manuel Muñiz Werge entre otros intentan obligar a los Comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, aportar 2069 hectáreas a la inmobiliaria Reserva SA de CV.
En México desde 1994 sólo se conformaron 21 de estas empresas. Sólo en ejidos y con resultados funestos para los sujetos agrarios, señaló el Comunero Luis García Granja.
Carlos Salinas proyectaba formar este tipo de asociaciones de 116 municipios además de las cuatro metrópolis en una superficie de 105, 000 hectáreas de acuerdo a un programa denominado Programa de Integración del Suelo Social (PISO).
Al fallar este modelo luego se aplicó el esquema de compra simulada a través del reconocimiento de empresarios y prestanombres posesionarios y ejidatarios que fueron reconocidos por actos de corrupción de la Procuraduría Agraria en Asambleas de asignación.
Las primeras sociedades se formaron en 1994, en el Ejido Garita de Jalisco de la ciudad de San Luis Potosí, Residencial la Tenería, Lomas de la Garita, Desarrollo del Pedregal y Loma Blanca. Propiedad de Carlos López Medina, mismo que ahora intenta hacerlo en la Comunidad.
Aún hoy los ejidatarios de la Garita se lamentan de caer en el juego de los desarrolladores. Pagos ínfimos y represión fue lo que recibieron.
La Comunera Dolores Quintero López señaló que los 328 comuneros han sufrido una presión terrible. Se les presiona y chantajea de forma brutal.
No obstante que la Procuraduría Agraria no dio su opinión, la directora jurídica de la Procuraduría Agraria Alejandrina Gámez Rey ordenó hacer la aportación el día 23 de diciembre, sin lograr se juntará el Quorum requerido.
La violencia estalló. El Gobernador Juan Manuel Carreras ordenó un operativo y varias Comuneras fueron secuestradas durante varias horas.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí anunció obras asistencialistas en la fracción Tierra Blanca, perteneciente a la Comunidad y además inició de manera oculta trámites para cambiar el uso de suelo, relato la abogada de los Comuneros Fabiola Quintanilla.
El 13 de enero de este año la asamblea nuevamente convocada fue anulada por la inasistencia de la Delegación de la Procuraduría Agraria en San Luis Potosí. Sin embargo la directora de asuntos jurídicos Alejandrina Gámez Rey sigue operando para reactivar la asamblea de aportación.
Los desarrolladores se jactan que la cuarta transformación no llego a San Luis Potosí y con un gobierno Estatal y Municipal de modo terminarán apoderándose de la tierra.
El avaluó del predio comunal según los empresarios es de 83 pesos el metro cuadrado. A un lado de la comunidad, en el Campo de Golf de Carlos López Medina, se vende por muy barato a 10000 el metro cuadrado.
De acuerdo al proyecto de escritura social los empresarios controlarán el 60% de las acciones dejando a los comuneros el resto. El consejo directivo de la empresa será formado sólo por desarrolladores y además ellos podrán hipotecar las superficies necesarias para arrancar el proyecto, comentó el Diputado Federal Ricardo del Sol quien convocó al Gobierno Federal intervenir.
“Queremos la destitución de Alejandrina Gámez Rey e investigar al Gobernador Juan Manuel Carreras y al Presidente Municipal Xavier Nava, pues seguramente están metidos hasta el cuello en el asunto” concluyó el legislador.