Incrementa precio del pasaje a $9.50, entrará en vigor a partir del 15 de enero

Lazaro Medina Cruz
En presencia de permisionarios del transporte, representantes estudiantiles y políticos, el Consejo Estatal de Transporte llegó a la resolución de aumentar el precio del transporte argumentando ajuste inflacionario anual
En la tarde del viernes, representantes del Consejo Estatal de Transporte llevo a cabo una reunión con permisionarios del transporte urbano junto con organismos del gobierno y representantes estudiantiles para tomar la decisión del aumento al precio del servicio urbano.
Organizada en el Centro de Convenciones de la Capital y a puerta cerrada, la certidumbre llegó a su fin cuando se alcanzó el acuerdo de incrementar a $.50 centavos el precio actual de $9.00 al pasaje de camión urbano a entrar en vigor el próximo martes 15 de enero, esto de acuerdo a la inflación correspondiente al años que oscila el 4%.
Junto con la asistencia del titular Comunicaciones y Transportes en el Estado, Ramiro Robledo, la Diputada Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado Alejandra Valdés, el Presidente de la Federación Universitaria Potosina Alexis Pérez Guerrero, y el resto de los integrantes también estuvieron presentes permisionarios del transporte público.
Entre ellos, Margarito Terán López se mostró confiado de que el aumento sea coherente de acuerdo al ajuste inflacionario de cada año, añadiendo que no se han logrado los compromisos para mejorar la calidad del servicio aunque se continúa trabajando en ello.
Además de los medios de comunicación, asociaciones civiles como Cambio por San Luis hicieron presencia ante la reunión, sin embargo, también se les fue rechazada su entrada a la reunión.
Al final del día, el precio definitivo para la nueva tarifa del transporte público será de $ 9.50 en pasaje normal, $ 8.70 para tarjeta de prepago $ 4.35 pesos con tarjeta para estudiantes y tercera edad ya sea de la compañía Urban Pass y City Bus, problemática que aún no se soluciona y de la cual no se ha hecho declaración alguna; por lo pronto la afectación a usuarios sigue presente ante la falta de acuerdos e imposición de medidas que regulen su uso.