Ante el conflicto existente en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, comuneros del citado Núcleo Agrario elaboraron un comunicado a fin de expresarle al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la situación en que se encuentran debido al acoso por parte de los desarrolla-dores inmobiliarios, en especial de Carlos López Medina, quienes hasta el momento han constituido tres inmobiliarias ejidales en un área de 832 hectáreas, haciendo una maniobra de interpretación jurídica con respecto al artículo 125 de la Ley Agraria.
En dicho comunicado se refiere que el artículo 125 de la Ley Agraria contempla la creación de sociedades mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales dentro de los núcleos agrarios, pero que dicha ley no puede aplicarse a sociedades que se dediquen a actividades distintas, por lo cual se deduce que la operación de las inmobiliarias en los terrenos que corresponden a la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos, han hecho a un lado a la Ley Agraria al convertir en entidades mercantiles y civiles sus procesos inmobiliarios.
Además se afirma que en San Luis Potosí este modelo ha implicado la generación de una inmensa riqueza sólo para los desarrolladores, pues las tierras se han utilizado para generar el financiamiento necesario, puesto que los socios ejidatarios son minoría en las asambleas de accionistas y carecen de cargos en los consejos de administración, por lo cual han sido reducidos a simples espectadores sin obtener las inmensas ganancias de la otra parte.
También se señala que las 14.000 hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos se han convertido en la obsesión de algunos empresarios como es el caso de las familias Torres Corzo, Muñiz Werge, Del Valle, Rangel, Cerrillo Chowell y De los Santos, todas ellas conducidas por Carlos López Me-dina, quienes desde el año 2009 han intentado conformar una inmobiliaria sobre áreas comunales, pretendiendo pasar por encima de las disposiciones que marca la Ley Agraria.
Por otra parte también en dicho documento se precisa que no existe un cambio de uso de suelo en el área elegida, que no existe un avalúo formal y que los frac-cionadores establecen que el metro de tierra vendible es de $83.63, así como que las ganancias serán para el sector empresarial de un 60% y para los comuneros de un 40%, pero sin que se exista opinión emitida por las autoridades correspondientes sobre el proyecto de desarrollo, y tampoco se conoce con fidelidad el manejo financiero del proyecto, el cual será controlado al gusto de los fraccionadores.
La información es compartida en vísperas de la Asamblea que se tiene proyectada para el 13 de enero.