Carlos Ramírez (*)
El nuevo equipo de seguridad del gobierno de López Obrador tiene que cargar con la responsabilidad de los enredos en la formalización de la Guardia Nacional. El problema no radica en la oposición a crearla, sino en la falta de difusión de argumentos sólidos para crearla.
El asunto de la GN se ha centrado en la militarización del nuevo organismo porque sus cuadros de tropa vienen de la Policía Militar y de la Policía Naval, sus mandos superiores son militares y dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero la razón de fondo radica en que todos los cuerpos civiles en materia de seguridad podrían estar comprados por el crimen organizado.
El segundo punto radica en el hecho de que los militares tienen la disciplina castrense para operar en situaciones extremas, en tanto que los cuerpos civiles viven cómodamente su situación laboral.
Las policías federales, estatales y municipales fueron penetradas por el crimen organizado. Por tanto, el nuevo cuerpo de la GN necesita nacer con garantías de blindaje interno mínimo.
Y en tercer lugar la sociedad carece de un diagnóstico de la crisis de seguridad y la capacidad de operación de los cárteles del crimen organizado. El enfoque humanista –por decirlo de algún modo– basado en la pobreza contrasta con la capacidad de seducción de la delincuencia. Hay indicios de que el gobierno ya entendió que la legalización de las drogas tampoco disminuirá la violencia criminal.
Y que el modelo de garantía de plazas por parte del gobierno apenas ha disminuido ciertos grados de violencia, pero a costa de administrar desde el Estado el poder de los cárteles.
El tema de la seguridad fue manoseado por el candidato López Obrador cuando asumió el enfoque social y llegó al punto de primero anunciar una guardia nacional, luego anularla y más tarde revivirla. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, fue instruido por López Obrador desde hace más de dos y medio años para elaborar un programa integral de seguridad. O sea, que el programa no ha sido inventado en unos días.
Los problemas en la elaboración de una verdadera estrategia ocurren por la necesidad de un cuerpo coercitivo y los compromisos de derechos humanos. López Obrador centró su enfoque de seguridad en un asunto de seguridad nacional del Estado después de una reunión que tuvo como presidente electo con el entones general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda. Ahí conoció muchos secretos de la inseguridad, pero sobre todo uno: la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado y los nombres de funcionarios presuntamente involucrados en la protección de delincuentes.
El debate sobre la GN en el Congreso tiene que ver con el hecho de haber comenzado con el final. Antes de la guardia, el diagnóstico y la implementación de programas debió de tener una Ley de Seguridad Interior; si la de Peña Nieto fue destruida por la Suprema Corte, el nuevo gobierno debió haber redactado la suya para poner orden en los tiempos del nuevo programa de seguridad.
La militarización de la seguridad pública no significa la militarización de la republica y sus instituciones civiles. La disciplina militar es clave en los nuevos cuerpos de seguridad.
Los mandos militares en la GN no implican un fuero militar en seguridad civil ni en la capacidad de operación. Inclusive si la GN depende de la Sedena, sus acciones serán vigiladas por cortes civiles. Pero sin una disciplina militar los nuevos cuerpos de seguridad caerían fácilmente en la desidia y la corrupción.
Las nuevas autoridades de seguridad le deben al país un diagnóstico descarnado de la inseguridad, en datos tan indispensables como los cómplices civiles del Chapo o las relaciones de poder que han permitido la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en entidades de la república o las razones por las que Ismael El Mayo Zambada opera como el gran capo sin ser alcanzado por los brazos de la ley. O las complicidades institucionales en bandas criminales diezmadas por toda la república.
Por su formación política, Durazo Montaño entiende bien el valor de la información para la toma de decisiones.
Por tanto, los problemas reales alrededor de la GN no están en la militarización de sus cuadros, sino en el diagnóstico que tienen las autoridades de la situación real del crimen organizado en México.
Y falta saber el papel clave que van a jugar los EE. UU. en la estrategia mexicana contra el crimen organizado, toda vez que la política de seguridad nacional de Washington se basa en el enfoque de organismos criminales transnacionales que extienden las acciones de la Casa Blanca dentro de México. Los cárteles mexicanos, según organismos estadunidenses, dominan la venta al menudeo en tres mil ciudades americanas.
El sentido político de Durazo Montaño puede desenredar la crisis en la GN. Si lo dejan.
Barandilla
· La actriz Kate del Castillo regresó a México con ganas de demandar a todos de su relación secreta con Joaquín El Chapo Guzmán. Culpa al actor Sean Penn de la captura del narco, pero ya quedó claro que las autoridades mexicanas la siguieron a ella y a su abogado. Así que debería tenerle mas miedo al Chapo, aunque sigue sin aclararse la profundidad de las relaciones entre el narco enamoradizo y la bella actriz.
· La desaparición del cuerpo de granaderos dejo al gobierno de CDMX sin un cuero de contención de multitudes. La crisis en el Palacio Legislativo el viernes 21 careció de una policía de atención a eventos masivo,
· El juicio del Chapo en Brooklyn está dejando muchas pistas de mensajes sobre la penetración del crimen organizado en estructuras del Estado, lo suficientemente solidas como para seguir una limpia radical. Y el dato mayor es que las nuevas autoridades de seguridad no confían en nadie en la reorganización de los cuerpos de seguridad porque no saben quiénes siguen a sueldo de los malandrines.