El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, amigo personal del ex gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, solicitó el amparo de la justica federal en contra de la reforma recientemente constitucional que permite la remoción del fiscal como una atribución del Poder Legislativo.
Ante el juez de distrito del Séptimo Circuito, el abogado de la familia Yunes aseguro que la reforma constitucional aprobada por la mayoría de diputados locales de Morena en el Congreso del estado es inconstitucional. El Fiscal, duramente criticado por colectivos de desaparecidos, empresarios y partidos de oposición al PAN, dijo que dicha reforma no puede ser aplicada a su persona porque en el procedimiento señalado no existe la figura de remoción.
Y dijo que los diputados pretenden removerlo del cargo sin darle oportunidad de defenderse en el juicio político, única forma legal para su destitución.
Ante el Congreso de Veracruz, han sido presentadas siete solicitudes de juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, quien asumió el cargo en 2016
luego que por presiones políticas Yunes Linares logró la renuncia del entonces Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras.
El fiscal señala en la solicitud que con la reforma, establecida en el decreto número 749 para reformar el artículo 67 fracción I de la Constitución Política de Veracruz, el Congreso local se
otorgó a sí mismo el “monopolio para la designación y remoción del fiscal”.
Pues pretende eliminar al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial como actores en la designación y/o remoción del fiscal y dejarlo en manos el Congreso con una votación de las tres cuartas partes de sus diputados.
“El Congreso del Estado dejó sin actividad alguna al titular del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial en la designación y remoción del fiscal general se arrogó la facultad de acero por sí mismo, limitándose únicamente a las causas graves que contenga la ley y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”.
Y se quejó porque la reforma no especifica cuáles son las causas graves a las que hace referencia.
“Me deja en un estado de indefensión e ingeridas jurídica total, pues no se señala cual es la ley que señala las causas graves y tampoco considera un procedimiento en el cual pueda
responder o contestar las supuestas causas graves que se imputen, ofrecer pruebas, alegar y participar en los procedimientos ante el Congreso
