El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro Kuri Pheres, informó que sólo entre el 30 y 35 por ciento de los agentes inmobiliarios operan en la formalidad, pues cumplen con los conocimientos y certificaciones de ley para ejercer su labor.
En el marco del XLVII Congreso Nacional Inmobiliario de AMPI 2018 dijo que dicho porcentaje no es una cifra ni un logro menor, considerando que son agentes que se han preparado y certificado a lo largo de 20 años para ofrecer una mejor garantía y seguridad en la adquisición de bienes inmuebles dentro de México.
En entrevista comentó que los agentes inmobiliarios formales son quienes a la luz de la transformación tecnológica y de nuevos canales habrán de sobrevivir en la actividad.
Tendrán una mayor participación en el mercado y los que no se profesionalicen ni se alcancen a certificar estarán sentenciados a desaparecer”, aseveró.
Mencionó que en la próxima administración la organización espera llegar a consolidar la iniciativa de crear el Registro Nacional de Profesionales Inmobiliarios, que se convertirá en el primer paso para establecer en México una certificación federal.
El líder inmobiliario también refirió que ante el cambio de administración federal, el gremio está a la espera de que continúen las políticas públicas que funcionaron en materia de vivienda y se ajuste lo que no funcionó.
Entiendo que este gobierno trae un sentido social más pronunciado y seguramente dará mayor impulso a los créditos y apoyo a los sectores no afiliados, considerando que son grupos o sectores no atendidos”, precisó.
Refirió que bajo esta visión social, la nueva administración no debe mandar una señal equivocada de estar apoyando a la economía informal.
El gobierno debe ser categórico en robustecer programas de apoyo a los no afiliados, pero también a seguir dando un ataque frontal a la economía informal”, insistió.
En ese sentido, Kuri Pheres afirmó que se deben condicionar los subsidios de vivienda a que los beneficiarios puedan y se incorporen a la brevedad a la formalización económica.
No sería justo para los trabajadores del país que están afiliados a los institutos de seguridad social o sindicatos y que pagan impuestos esten compitiendo en condiciones de desigualdad con aquellos que nunca han pagado contribuciones ni aportado a ninguna instancia de gobierno para algún programa de vivienda”, dijo.
Consideró que lo peor que podrían hacer las nuevas autoridades federales a cargo de la política de vivienda es regalar el dinero a diestra y siniestra sin establecer reglas claras ni motivar a la población a que sea más productiva, ordenada y con el deseo de incorporarla a la formalidad, concluyó.