Entre la despreocupación porque la estrategia de seguridad le corresponde al gobierno federal y la preocupación porque tienen que cubrir las insuficiencias federales, los gobernadores de todos los estados de la república han comenzado a externar sus temores de que no existe un programa de seguridad del gobierno de López Obrador.
Los funcionarios designados andan cada quien por su cuenta: el secretario de Seguridad, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados que aprobará la nueva estructura, la secretaria de Gobernación que propone una ley para consumo libre de marihuana antes de una estrategia integral, los funcionarios del nuevo equipo de seguridad que buscan dónde estarán sus oficinas, los secretarios de Defensa y Marina que llegaron después de las designaciones en el área de seguridad y la ausencia de un pensamiento estratégico en seguridad publica-interior-nacional.
Los gobernadores tendrán la última confianza en el próximo presidente de la republica, quien se comprometió a encabezar diariamente a las siete de la mañana una reunión de seguridad. Pero el problema será doble: desentenderse del asunto porque será responsabilidad directa del presidente y carecer de un plan de lucha contra los cárteles del crimen organizado.
La peor parte de la crisis de seguridad no se localiza en los saldos diarios de asesinados o asaltados, sino en el hecho de que las estructuras estatales y municipales convirtieron las áreas de seguridad en espacios para negocios privados. No estaría mal que el próximo secretario de seguridad, Alfonso Durazo Montaño, tuviera datos de los secretarios estatales de seguridad que tienen empresas privadas para vender servicios de seguridad a quienes debieran de proteger como obligación de Estado.
Las organizaciones ciudadanas que nacieron para presionar a las autoridades fueron cooptadas dentro de estructuras burocráticas o se aliaron con los funcionarios o exfuncionarios del área para representar ya intereses de negocios.
La nueva estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador carecerá de una articulación nacional y no podrá cubrir la crisis severa de seguridad en cuando menos la mitad de la república. Y a ello se agrega la presión de la Casa Blanca para participar directamente en México en labores de persecución de cárteles.
La crisis de seguridad es, de manera inevitable, una crisis del Estado mexicano.
Barandilla
- La escena de policías municipales de Cancún reveló los dos tiempos de la crisis de seguridad; lo que no hizo este sexenio y lo que no contempla el que viene.
- El tiempo derrotó a los responsables de la seguridad capitalina perredista de 1997-2018: no sólo existe la delincuencia atomizaba sino que ya llegaron los cárteles del crimen organizado.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.