- Argumenta la dirigente sindical Francisca Reséndiz que no fueron notificados del no ejercicio de la acción penal contra el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández; el ex titular de Finanzas, Jesús Conde Mejía; la lideresa del SUTSGE, Bernardina Lara Arguelles; y el actual titular de Pensiones, Oziel Yudiche Lara
La secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), Francisca Reséndiz Lara informó que se presentó un amparo, debido a que no se les ha notificado de la exoneración de los presuntos culpables en el desfalco de 2.5 millones de dólares de la Dirección de Pensiones del Estado.
Dijo que este recurso legal es por el no ejercicio de la acción penal en contra los responsables de la pérdida del recurso que son el ex gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández; el ex titular de Finanzas, Jesús Conde Mejía; la lideresa del SUTSGE, Bernardina Lara Arguelles; y el actual titular de Pensiones, Oziel Yudiche Lara.
“El no notificarnos agrava las garantías de nosotros como ofendidos, por lo que el jueves se presentó ante el Tribunal Federal el amparo, y seguiremos insistiendo, se nos hace incongruente que una cantidad tan fuerte se haga perdidiza”, dijo.
Francisca Reséndiz también lamentó las declaraciones que se han dado en relación a los policías sindicalizados y que hagan ver esto como un peligro.
Indicó que ante esta situación se solicitó al mandatario estatal Juan Manuel Carreras que sea más prudente con sus comentarios ya que el sindicato no tiene policías afiliados sino a trabajadores que hacen funciones administrativas, “trabajadores que están discapacitados, nosotros no tenemos trabajadores de seguridad pública que hacen funciones operativas afiliados».
Finalmente, pidió prudencia a la diputada Beatriz Benavente, por sus declaraciones de que es mala señal tener elementos policiacos sindicalizados, “le pedimos a al diputada que antes de hablar se asesoré y pegunté, porque sus declaraciones son temerarias así como las del gobernador porque quieren hacer ver al sindicato como si estuvieran fuera de la ley (…) y la falta de seguridad no la quieren achacar”.