Los maestros jubilados y pensionados del ISSSTE no están muy contentos con que subrepticiamente alguien se robara su dinero y para reponerlo, ahora a todos los potosinos nos vuelvan a robar y hasta con todas las de la Ley.
De acuerdo al profesor José Alfredo Martínez Nava, los 5 mil 225 millones de pesos que ahora llaman “deuda educativa”, no es más que un robo que tratan de “purificar” vía un acuerdo legislativo que les faculte a volvernos a robar, o sea, ladrón que roba a ladrón….
Advierte que ese dinero se descontó puntualmente de sus salarios, pero nunca se ingresó en sus cuentas del ISSSTE, Consar, Foncasol etcétera, hasta que acumuló el ahora nombrado “adeudo histórico” y, en vez de castigar y obligar su devolución con intereses y recargos, como en cualquier otro caso obligaría la ley, aquí quieren darle borrón y cuenta nueva.
No se vale porque ese dinero que descontarán del presupuesto federal al Estado durante los próximos 10 años, es dinero que nos pertenece a todos y debería emplearse en resolver otras necesidades, “no en tapar el robo que otro cometió”. Bien dicen que pagan justos por pecadores.
Por supuesto que a los maestros les gusta que paguen el adeudo, porque les afectó no sólo en su vida y salud, dado que el ISSSTE hizo como que los atendía y muchos se murieron, cayeron en cartera vencida, les rebajaron bonos y otros beneficios a los que tenían derecho por sus aportaciones de toda su vida laboral y algunos hasta llegaron al suicidio tras la frustración de un retiro precario y la impotencia de que nadie les daba una solución. defendió.
¡PURAS TAPADERAS!
Y ahora, con la mano en la cintura quieren sacar del otro bolsillo –el de las participaciones federales- para resarcir lo que nos robaron y pasar la página como si aquí no hubiera pasado más que un simple atraso de pagos. ¡Qué poca!
Es injusto y legalmente incorrecto que quien o quienes se robaron sus aportaciones al ISSSTE y ahorros para el retiro, créditos vía nómina y demás, sigan libres y contentos, disfrutando su botín, mientras el resto de potosinos tendremos que apretarnos el cinturón por 10 años más para que a los maestros pensionados les reintegren lo que sí les corresponde. Es lo que dicen y tienen razón.
Es muy cómodo reponer lo que otros se llevaron cuando el dinero no sale de nuestros bolsillos, por lo que lo justo es que se investigue, den con los responsables, los metan a la cárcel y les hagan devolver lo que se robaron, no que nos lo vuelvan a robar pero ahora legalmente, gracias a la autorización del Congreso del Estado.
Eso es lo que querían aclarar cuando trataron de ingresar al Congreso el viernes, pero la “fuerza bruta legislativa” se los impidió. Pareciera que no quieren que se sepa la verdad, ¿Por qué será?
La pregunta es: ¿Algún día sabremos la verdad, y estos robos no se quedarán impunes?
CONSULTA POPULAR
Pese a la escasa difusión, los potosinos también podremos votar –en alguna plaza pública de ésta capital, del jueves al domingo próximo, en la consulta sobre el aeropuerto de la CDMX.
Apenas ayer, el futuro delegado federal de los Programas Integrales de Bienestar en el estado, Gabino Morales Mendoza, confirmó que habrá alrededor de 28 mesas receptoras de votos “en plazas públicas y distintos puntos” de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Rioverde y Tamazunchale además de nuestra capital, para la Consulta Nacional, la próxima semana en
La única pregunta con dos probables respuestas y será: «Dada la saturación del AICM ¿Cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?
Opción A) Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca (distantes entre sí por 40 km de trafical pero no lo dicen) y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, (casi conjunta al actual por lo que de operar simultáneamente habría choques de aviones por invasión del espacio aéreo, pero tampoco lo dicen dando por hecho que todos ya estamos bien informados),
Y opción B) Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAICM.
Sobre esa base habrá que definir si queremos que se cancelen las obras del NAICM, y se cree un “sistema aeroportuario” con 3 viejos aeropuertos “adaptados”, o que se termine de construir lo ya iniciado.
DINERO A LA BASURA
Cabe señalar que la obra magna que quieren demoler en Texcoco, no sólo es para el uso de los mexicanos, también para facilitar y mejorar el arribo de turistas, que significan divisas para los mexicanos, y para el envío de nuestras artesanías, manufacturas y demás exportaciones que hagamos en los próximos 50 años, según promesa de campaña de AMLO, “seremos un país de primera”… ¿Con unos aeropuertos de tercera? Gracias a los foros sobre el tema, queda claro que la cancelación del NAICM significará la “pérdida irrecuperable” de los 180 mil millones de pesos ya invertidos, más alrededor de 100 mil millones que costará restaurar la zona y dejarla libre de “escombros” y una cantidad “incalculable” en penalizaciones e indemnizaciones por cancelaciones de contratos a las más de 300 constructoras que ya trabajan ahí.
Por ende, la pregunta bien intencionada debería ser si valdrá la pena tirar a la basura todos estos cientos de miles de millones de pesos mejor seguimos con lo que ya tenemos avanzado.
La “mano negra” se sostiene en que la consulta es ilegal, no está normada por ninguna ley ni hay garantías del buen uso de nuestros datos personales, que quedarán en poder de los “voluntarios” que estarán en las mesas receptoras de votos.
Según Jesús Ramírez Cuevas, el próximo vocero de la Presidencia de la República, “es una consulta ciudadana de buena fe y como tal, tenemos que actuar con ética”…Pero si no, ¿Quién nos garantiza que no harán mal uso de nuestra información privada?
De cualquier modo, sería bueno que todos buscáramos informarnos ampliamente, formarnos un criterio ecuánime y participar en la consulta dando nuestra opinión para que nadie, ni la democracia, nos la secuestre…
BUENAS PARA UNOS
Y no sin antes consignar la exoneración del Tribunal Penal Colegiado del IX Circuito a la exalcaldesa Victoria Labastida, Miguel Ávalos Oyervides, Emigdio Ilizaliturri y Agustín Soberón de presuntos delitos de peculado y uso indebido de la función pública que les atribuyó la pasada administración de Fernando Toranzo Fernández quien, por su parte será nuevamente investigado junto con el desde hace sexenio y medio es director de Pensiones, Osiel Yudiche Lara, por el millonario fraude a los ahorros de los trabajadores al servicio del estado, de los que habrían dispuesto una cantidad superior a los 300 mmdp para lavar dinero del cártel del Chapo Guzmán, según la DEA; aquí nos leemos el próximo miércoles.