La Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló un grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras) que desviaban recursos públicos destinados a la compra de alimentos básicos para habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.
Derivado de una denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la dependencia, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), detectó que la red adquirió productos de baja calidad con recursos de un programa venezolano y los exportó a ese país con sobre precio.
Además, eran revendidos a la población en un valor 112% mayor al costo real, por los operadores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un programa creado en 2016 por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para atender la emergencia económica.
El titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, informó que se identificó a Alex «N», aparentemente relacionado con el gobierno de ese país sudamericano, y a Álvaro «N», Emmanuel «N», Santiago «N» y Andrés «N», como los operadores de esta red que lucraba con la crisis alimentaria que afecta a los venezolanos.