El Papa Francisco apartó del ministerio sacerdotal a los obispos chilenos, ya jubilados, Francisco José Cox Huneeus y Marco Antonio Órdenes Fernández, «como consecuencia de actos manifiestos de abusos a menores».
En un breve comunicado, la sala de prensa del Vaticano precisó que el arzobispo emérito de La Serena y el obispo emérito de Iquique, en forma respectiva, fueron juzgados según el decreto papal «Sacramentorum Sanctitatis Tutela», del 30 de abril de 2001 y que se ocupa de los delitos graves de los sacerdotes.
«La decisión adoptada por el Papa el pasado jueves, 11 de octubre de 2018, no admite recurso. La Congregación para la Doctrina de la Fe lo ha notificado ya a los interesados, a través de sus respectivos superiores, en sus respectivas residencias», continuó la nota.
Cox, de 84 años de edad, y quien condujo la Arquidiócesis de La Serena entre 1990 y 1997, continuará formando parte del Instituto de los Padres de Schoenstatt, de acuerdo con la comunicación de la sede de la Iglesia católica.
Esta determinación, que no es común y no fue explicada por la oficina de información vaticana, tiene -con toda probabilidad- el objetivo de asegurar su control al interior de una institución de la Iglesia católica.
Ordenado sacerdote en 1961, fue obispo de Chillán y, entre 1981 y 1985, fue secretario del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano.
Hace unos días, reapareció en público gracias a un informe de un canal de televisión chileno que reveló cómo vive dentro de una residencia de la comunidad de Schoenstatt, ubicada en la localidad alemana de Vallendar.
Ese episodio desató una crisis mediática, que obligó al viceprovincial de ese movimiento en Chile, Patricio Moore, a calificar la situación «como una vergüenza» y reconocer que «se han cometido muchísimos errores».
Justamente de Schoenstatt es también el cardenal y arzobispo emérito de Santiago de Chile, Francisco Javier Errázuriz, actualmente miembro del C-9, el consejo de purpurados que asesora al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia universal.
El otro obispo separado, Marco Antonio Órdenes Fernández de 53 años, en 2012 protagonizó un escándalo público en su país cuando un hombre lo acusó públicamente de haber mantenido una «relación amorosa» de carácter sexual con él mientras era rector del Santuario Nuestra Señora del Carmen de La Tirana.
El pastor de Iquique, en una entrevista, reconoció el «error» pero aclaró que la persona en cuestión era mayor de edad cuando ocurrieron los hechos. El 9 de octubre de aquel año, el entonces Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia a la diócesis.
El 11 de noviembre de 2013, el fiscal Raúl Arancibia había afirmado que todos los antecedentes reunidos hasta es fecha confirmaban la veracidad de las denuncias e incluso sugirió la existencia de otra víctima, que era menor de edad en el momento de los abusos.