Hace cuatro años todos los estados del país se comprometieron a elaborar un diagnóstico y programa de derechos humanos, para fortalecer el proyecto nacional en la materia, pero hasta ahora más de 10, entre ellos los que padecen los más altos índices de violencia, no han cumplido la tarea.
Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Colima, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes, Campeche, Chiapas y Yucatán no cumplieron con el compromiso que adquirieron el 10 de octubre de 2014, en la XLVII Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, revela información de la Secretaría de Gobernación.
Tlaxcala cumplió a medias, porque sí elaboró su diagnóstico en derechos humanos, pero no ha servido de nada porque no avanzó hacia la implementación del programa.
Para José Fernández Santillán, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, el incumplimiento de algunos estados en la elaboración de sus diagnósticos y programas de derechos humanos se explica porque los gobernadores están rebasados por las organizaciones criminales.
“Los gobiernos de los estados que no tienen diagnóstico ni programa de derechos humanos están controlados por el crimen organizado, no por los gobernadores”, sostuvo el doctor en ciencia política por la UNAM, y en historia de las ideas políticas por la Universidad de Turín.
El también integrante del Sistema Nacional de Investigadores explicó que los gobernadores rebasados por el crimen organizado han adoptado la posición cómoda de dejar a la Federación la responsabilidad de resolver muchos problemas locales, de todo tipo, pero en materia de Derechos Humanos puso como ejemplo los casos de Iguala y Tlatlaya.
Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México, de la Universidad Iberoamericana, dijo que el incumplimiento de algunos estados evidencia que nuestro país reacciona tarde y mal a la crisis que sufre desde hace más de una década.
“Que no se tenga la capacidad institucional de realizar diagnósticos y programas estatales para la defensa y protección de los derechos humanos evidencia un déficit y una falla estructural en nuestro sistema nacional de derechos humanos”, advirtió Tirado.
Si bien es cierto que la defensa y promoción de los derechos humanos fue uno de los objetivos que se planteó en el papel la presente administración, a través de la Secretaría de Gobernación, en la realidad el tema no fue una prioridad política para esa dependencia, consideró.
Acusó que el interés de la Secretaría de Gobernación en la promoción y defensa de los derechos humanos fue solamente retórico, como demuestra el hecho de que el convenio de la Federación con los estados para que éstos realicen diagnósticos y programas estatales de derechos no incluyó la transferencia de recursos económicos para ese propósito.
“Evidentemente lo que les planteó fue: ‘ahí háganlo ustedes y me lo mandan cuando lo tengan, y si no me lo mandan no pasa nada’. Entonces, eso básicamente lo que hace es desnudar el interés que tenía la Secretaría de Gobernación en el tema, que prácticamente era retórico y nulo en términos de realmente incidir. Ese es el punto”, dijo Tirado.
En cuanto a los estados, comentó que sus organismos defensores de derechos humanos, aunque son constitucionalmente autónomos, en la práctica son total y absolutamente dependientes del titular del Poder Ejecutivo local, lo que constituye una debilidad institucional.
En su opinión, el sistema nacional de derechos humanos amerita una revisión y una reforma orientada a que las observaciones de las comisiones de derechos humanos sean obligadamente aceptadas por las instituciones del Estado mexicano.
Hasta septiembre había 20 diagnósticos y 19 programas estatales de derechos humanos publicados por Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala (diagnóstico sin programa), Veracruz y Zacatecas.