La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), y diputados de Morena, coincidieron en la urgencia de poner un semáforo de alerta a la corrupción en el sector público a través de una reforma para combatir el uso de facturas falsas.
Por esa razón, este miércoles llevarán a cabo el foro “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz”, para analizar modificaciones legales que implementen medios de control efectivos para atacar los beneficios millonarios y evitar la sangría de recursos públicos que genera la comercialización de comprobantes fiscales, emitidos por empresas fantasma, con las que amparan operaciones simuladas.
En el foro, participarán expositores, además la titular de la Prodecon, Diana Bernal, importantes fiscalistas, como Ricardo Cervantes ex presidente de la ANADE, Alejandro Marín de la Asociación de Especialistas Fiscales en Jalisco, Jorge Covarrubias, socio de la firma Parás Asesores Fiscales, así como el Presidente del Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro.
Durante el foro se analizará la iniciativa elaborada por la Prodecon mediante la cual, se propone que todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del IVA que se cause en la contratación de servicios, así como un 10% del monto que ampare el comprobante fiscal como pago provisional de ISR.
También se analizarán los cambios en la legislación penal, para identificar como delito grave el uso de facturas falsas, que como se recordará es una propuesta que ha planteado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En ese sentido, la ombdsman fiscal, Diana Bernal y el de diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, coincidieron en la urgencia e importancia de formular y presentar una iniciativa que eleve a delito grave y tipifique como delincuencia organizada, la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.
De igual forma destacaron que se necesita aumentar la penalidad de este delito para llevarla hasta 10 años de prisión.